El Congreso de Querétaro aprobó la reforma al artículo 2° de la Constitución local para establecer la protección jurídica de la vida desde el momento de la concepción. Con esto, se ha convertido en la decimoquinta entidad federativa que realiza una modificación  de este tipo, aunque en dos de ellas se trata de reformas que aun no entran en vigor al no haber concluido el proceso de aprobación del constituyente permanente del estado.

La primera reforma de este tipo la realizó el estado de Chihuahua y está vigente desde el 1° de octubre de 1994.

Estas reformas han generado múltiples confrontaciones entre aquellos que están a favor y en contra de la misma. Incluso se han llegado a tachar de inconstitucionales.

El tema fue analizado por última vez a finales de finales de 2008 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el tema no se analizó  a fondo, ya que aunque concluyeron que era constitucional la disposición del Distrito Federal que permite  a la madre interrumpir el proceso de embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación, porque la Asamblea Legislativa cuenta con facultades para legislar sobre la materia, no coincidieron en los “Planteamientos de Fondo en Relación con la Existencia y Naturaleza del Derecho a la Vida”, incluidos en el considerando Octavo de la sentencia.

Lo anterior implica que al no existir ocho votos a favor de estos razonamientos, dichos criterios no son obligatorios para el poder judicial en su conjunto. Además, conlleva a que las jurisprudencias 13/2002 y 14/2002 estén vigentes y con plena obligatoriedad.

Estas jurisprudencias concluyen que la Constitución Política protege el derecho a la vida de todos los individuos y que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento por la Constitución, los Tratados y las Leyes. Lo anterior porque no existe artículo expreso en la Constitución en que se señale a partir de que momento se considera que hay vida.

Jorge Adame Goddard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que para poder llegar a la conclusión de que todas estas reformas son inconstitucionales, se tendrá que demostrar que la constitución federal niega, de alguna manera, que la vida humana pueda ser jurídicamente protegida a partir del momento de la concepción.

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