En este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) con nuevos programas de estudio para los grados de primero y sexto grado de Primaria.

Ya hemos visto la controversia que se generó por los contenidos de los libros de texto gratuito correspondientes a este grado escolar, la controversia por alterar los derechos morales de un pintor y ahora se agrega la controversia sobre el procedimiento legal y administrativo para aprobar estos nuevos programas y planes de estudio.

Los programas y planes de estudio vigentes para la educación primaria se encuentran contenidos en el Acuerdo Secretarial número 181 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1993.

 

Para modificar este acuerdo, y adecuar los programas de primero y sexto grado al RIEB, la Secretaría de Educación Pública debió haber emitido un Acuerdo modificatorio.

Conforme al artículo 69H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que las dependencias puedan emitir estos Acuerdos, deben presentar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) un anteproyecto del mismo, 30 días hábiles antes de la fecha en que quieran emitir el acto. A su vez, el plazo mínimo para que responda la Comisión también es de 30 días hábiles.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, a través de Guillermo Bernal Miranda, Oficial Mayor,  presentó el anteproyecto  del ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL DIVERSO 181 POR EL QUE SE ESTABLECEN EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA, a revisión de la Comisión, la semana pasada, el jueves 27 de agosto, un día antes de que los niños de primero y sexto de primaria entraran a clases con el nuevo programa de estudios ya establecido y los libros de texto correspondientes circulando. 

Aunque la Secretaría pudo haber justificado este retraso mediante las excepciones que la Ley prevé al procedimiento, la SEP no hace referencia a ninguna de ellas presentando una manifestación de impacto regulatorio normal.

Por otra parte, el artículo 48 de la Ley General de Educación señala que para modificar los programas y planes de estudio, la Secretaría debe consultar al Consejo Nacional Técnico de la Educación y al Consejo de Participación Social en la Educación, sin embargo no existe evidencia de estas consultas en el anteproyecto.

Este mismo artículo señala en su último párrafo que los planes y programas, así como sus modificaciones, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y en los periódicos oficiales de cada entidad, pero conforme al artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Secretaría de Gobernación no puede publicar este Acuerdo, si la SEP no cuenta con el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Al no haberse publicado este nuevo acuerdo, los programas y planes de estudio aprobados en 1993 para estos grados educativos siguen vigentes.

No es posible hablar de Estado de Derecho, si el propio Poder Ejecutivo no respeta el marco legal que le rige.

Fuente La Jornada

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