La seguridad se está convirtiendo en una obsesión del mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, se han instalado más de cuatro millones de videocámaras por lo que una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día. Las nuevas cámaras Gigapan, de ultra alta resolución (más de mil millones de píxeles) permiten, en una sola imagen y por un vertiginoso efecto de zoom, la revisión biométrica del rostro de cada uno de los miles de asistentes a un partido de futbol, concierto, manifestación o un mitin político.

Nuestro país no es la excepción. Así, vemos que la video vigilancia es un fenómeno con un crecimiento paulatino pero constante. Simplemente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha establecido como meta para el 2010, que la Cd. de México se convierta en la ciudad con el mayor número de cámaras de seguridad en el mundo.

Pero ciudades más pequeñas como Gómez Palacio en Durango, Veracruz, Veracruz, o Mazatlán, Sinaloa también cuentan con equipo de video vigilancia.

Sin embargo, la falta de regulación en el tema, se ha vuelto un tema de preocupación para las organizaciones y organismos de derechos humanos en nuestro país.

Ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa inició en febrero de 2006 una investigación de oficio por la instalación de videocámaras en la Cd. de Culiacán, Sinaloa, por presuntas violaciones de la privacidad, intimidad personal y familiar, honor e imagen. Esa Comisión concluyó en la recomendación  14/06 que el exceso de celo en la seguridad, puede llegar a violentar los derechos humanos si no se toman las medidas legislativas adecuadas en el uso de sistemas electrónicos de vigilancia.

Hasta el momento el Congreso de Sinaloa no ha prestado oídos a esa recomendaciones, aunque sí lo han hecho otras legislaturas si lo han hecho.

La primera fue en Aguascalientes y la segunda en Colima con sendas Leyes de Videovigilancia.

Estas leyes pretenden regular la utilización por parte de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales o de servicios de seguridad privada, de videocámaras para grabar o captar imágenes en lugares públicos o en lugares privados con acceso al público, así como el tratamiento que se le debe dar a esta información.

La finalidad es evitar que se violenten los derechos de los ciudadanos y que se viole su privacidad.

Pero estas leyes nos llevan a tener ciertas dudas. En ambos casos se regula el uso de videocámaras por parte  de empresas de seguridad privada y regulan el uso y destino de las grabaciones. ¿Pero que sucede con los bancos? Salvo un análisis más profundo del marco legal, en apariencia podría existir un conflicto constitucional en la materia, ya que corresponde al Congreso de la Unión regular el sistema financiero, incluyendo la seguridad. Esperemos a ver que tiene que decir la Procuraduría General de la República.

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