Mazo judicial

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, concedió el amparo a Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, en contra de los compromisos suscritos por la SEGOB, el Gobierno de Oaxaca, el IEEPO y los representantes de la Sección XXII agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al considerarse que los mismos son violatorios del artículo 3° Constitucional.

En la sentencia se establece que dichos acuerdos deben quedar sin efectos por “afectar de manera sistemática” el derecho humano a la educación. “El otorgar a los miembros de la Sección 22 derechos genéricos absolutos contrarios a lo dispuesto por la legislación aplicable, los cuales se traducen en un régimen de excepción a los principios definidos en la misma, constituye un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a la educación”, dice la sentencia de amparo.

La sentencia también sostiene que pretender mantener “el derecho a no ser despedido en razón de un mal resultado en las evaluaciones docentes” o “el derecho a no ser removido o cambiado en las funciones que venían realizando” como se asentaba en los acuerdos del 5 de noviembre de 2013 y en el del 27 de mayo de 2014, constituyen una violación a la Constitución y a las leyes emanadas de la misma. Además, la sentencia señala que las obligaciones que ahora tienen los trabajadores no implican una transgresión a sus derechos laborales.

Señala el Juez que el hecho que se reconozca la vigencia de los acuerdos y minutas por las que se otorgan diversas prerrogativas a la Sección XXII, a través de la firma de los compromisos del 10 de febrero de 2015, se traduce en una violación directa al derecho a la educación, el cual tiene fines claramente establecidos tanto por el propio Artículo Tercero como en diversos instrumentos internacionales, pues es evidente que “a partir de la firma de los compromisos de mérito se otorgó un régimen de excepción a la citada sección sindical que no encuentra justificación válida” y “[S]in que en el caso pueda aducirse el hecho de que los compromisos impugnados se firmaron en un ámbito de gobernabilidad, como lo aducen las autoridades, pues dentro de un estado de derecho no pueden convalidarse actuaciones que favorecen a un sector de la población, creando un régimen de excepción sin justificación constitucional válida”.

Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Aprender Primero, para el efecto que las autoridades responsables “dejen insubsistentes los acuerdos firmados el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, cinco de noviembre de dos mil trece, veintisiete de mayo de dos mil catorce y diez de febrero de dos mil quince”, mediante los cuales se otorgaron diversas  prerrogativas a la CNTE de Oaxaca. La sentencia ratifica que “existe una obligación del Estado de velar por la aplicación sin excepciones de la legislación vigente a efecto de cumplir con los estándares establecidos para el cumplimiento del derecho humano a la educación”.

Los gobiernos federal y de Oaxaca, así como la CNTE, tienen 10 días hábiles para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito la sentencia.

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