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El día de ayer, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las legislaturas de los estados de Veracruz y de Quintana Roo y de sus gobernadores al haber aprobado disposiciones contrarias a los lineamientos en materia anticorrupción previstos en la Constitución y en las leyes generales.

La reforma constitucional para el combate a la corrupción de 2015 estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, que lleva implícita la creación de sistemas locales en cada entidad de la República.

Sin embargo, el Sistema depende de dos leyes generales que aun no se han publicado y que no han entrado en vigor, a saber la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El artículo cuarto transitorio de la reforma realizada en mayo de 2015, establece que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán expedir las leyes que les correspondan después de que las leyes generales citadas entren en vigor.

El objetivo de estas controversias es que la Suprema Corte determine que las entidades no pueden legislar en materia anticorrupción en el ámbito local, previo a la publicación de las leyes generales del sistema nacional.

En las acciones de inconstitucionalidad se explica que en estos momentos las legislaturas locales no tienen facultades para legislar en materia anticorrupción hasta en tanto no se publiquen las leyes generales aprobadas por el Congreso de la Unión y “la falta de competencia de los congresos locales generará inseguridad jurídica y los juicios emitidos por su aplicación tendrían vicios de inconstitucionalidad”.

También serían inconstitucionales los nombramientos de los contralores generales de los estados, fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados especializados en la materia en las entidades federativas, así como del resto de los funcionarios subordinados a estos y las decisiones que se tomaran.

Por lo pronto, el gobernador del estado de Veracruz retiró la terna de magistrados en materia anticorrupción y solicitó se declarara desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción.


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