Birrete y mazo

En relación al consentimiento informado en los servicios de salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la falta de información suficiente sobre los riesgos y beneficios de una intervención quirúrgica hace procedente la acción por daño moral en contra de los centros médicos.

“Con base en el derecho de autodeterminación del paciente se le debe de otorgar toda aquella información que le resulte suficiente para ponderar sus alternativas y elegir la que considere más benéfica”, señalaron los ministros.

“Un debido informe médico debe proporcionar al paciente todos los elementos necesarios para tomar decisiones respecto de su salud que le permitan aprovechar los servicios de acuerdo con lo que considere que contribuirá al mejoramiento de su estado”, expuso la Corte.

Se estableció que las cartas de consentimiento informado no deben ser vistas como una carga excesiva para los profesionales de la salud, sino que éstos deben de comprender que en dicha figura se encuentra una herramienta legal que les otorga seguridad.

La exigencia del consentimiento informado está regulada en el capítulo IV, denominado “Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad” de la Ley General de Salud (Para consultar esta ley ir a Leyes Federales).

El artículo 51 Bis 1 establece claramente como un derecho de los usuarios el recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Esto es porque a través del consentimiento informado el paciente asume los riesgos y consecuencias inherentes o asociados a la intervención autorizada.

El caso derivó de una cirugía de reemplazo de cadera que se le practicó a una persona en el Instituto Nacional de Rehabilitación en junio de 2007, en la cual se produjo una lesión en el nervio ciático que le provocó cierto grado de incapacidad. Inconforme con dicho acto médico la paciente demandó el pago del daño material y moral al Instituto y a los médicos que le atendieron.

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