La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad de votos, dos amparos directos para efectos de que se repusiera el procedimiento al no haberse otorgado asistencia consular a un nacional de Venezuela y a otro de Cuba.

Esta decisión no implica que las dos personas hayan obtenido su libertad sino que deberá llevarse a cabo nuevamente el proceso penal, satisfaciendo el derecho humano violentado, excluyendo la declaración brindada ante el ministerio público.

En el expediente no existía evidencia de que se hubiese cumplido con el derecho de información, notificación, contacto y asistencia consular de los quejosos.

El derecho de asistencia consular lo tienen todas las personas extranjeras desde el momento de su detención; ello en términos de lo dispuesto en el Artículo 36 de la Convención de Viena, por lo que se debe informar al detenido que tiene derecho a comunicarse con la oficina o la representación consular, y que se notifique a la misma, para que la representación consular esté en aptitud de asesorar a su nacional en el proceso penal.

En cualquier caso el detenido puede optar por no acogerse a dicho derecho.

Finalmente, la Primera Sala ordenó dar vista al Ministerio Público correspondiente a fin de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para investigar el ilícito de tortura que los quejosos denunciaron.

Con esta decisión, la Primera Sala ratificó la decisión tomada por el Tribunal Colegiado que revisó el caso.

Este caso es semejante al caso de Florence Cassez, pero en aquel se concedió la libertad porque existieron violaciones adicionales al debido proceso.

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