Escudo Suprema Corte de Justicia de la Nación

En sesión del pasado 25 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, decidió atraer un asunto que juzgó importante, para resolver si existe el interés legítimo ante la posible o futura afectación al medio ambiente. De ser así, resolverá también el alcance del derecho a un medio ambiente sano y la afectación que produce en derechos relacionados como el derecho a una vida digna e integridad personal.

Se trata de un caso en que un grupo de la sociedad civil presentó un amparo en contra del Proyecto Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero en el estado de Tamaulipas, argumentando que la afectación a los manglares de la zona, derivó en una afectación al derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una vida digna, desarrollo sustentable, salud, seguridad e integridad personal y comunitaria.

La Laguna del Carpintero está ubicada en el centro de Tampico, Tamaulipas, y contaba antiguamente con una superficie de 157 hectáreas, de las cuales 80 eran espacio terrestre y 77 cuerpo de agua. Se comunica por medio del Canal de la Cortadura al Río Pánuco, que desemboca con el Golfo de México ubicado a 8 kilómetros de distancia de la Laguna.

Desde 2007 se perdieron hectáreas por la construcción de parques deportivos y en el 2013 se denunció que la construcción de un parque temático-ecológico para celebrar los 100 años de Coca-Cola en Tampico, no contaba con manifestación de impacto ambiental y presentaba faltas administrativas, pese a lo cual fue aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA.

Originalmente el parque fue impulsado por una alianza público-privada entre el gobierno municipal de Tampico, el gobierno del estado y Femsa. Sin embargo, esta empresa terminó deslindándose del proyecto.

La abogada Hilda Gómez explicó en 2014 al diario El Mañana, que sólo quedan 16 hectáreas de terreno inundable con presencia de manglar, las cuales han sido consideradas como “Sitio Prioritario de Manglar” por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Pese a lo anterior, para proceder con el proyecto, en 2013 se despalmó el sitio retirando su vegetación, se rellenó el humedal, se fragmentaron las áreas de manglar y se derribaron y arrancaron mangles, acciones que están prohibidas por el artículo 60 Ter de la Ley de Vida Silvestre, el 28 de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las normas oficiales mexicanas NOM-022-SEMARNAT-2013 y NOM-059-SEMARNAT-2010.

En agosto de 2013 un grupo de la sociedad civil obtuvo la suspensión definitiva de las obras dentro del juicio de amparo 1113/2013, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, pero las autoridades, incluida las delegaciones en Tamaulipas de la PROFEPA y de la SEMARNAT, litigaron para revocar esta suspensión lo que lograron en el 2014.

Las obras no se reanudaron debido a que PROFEPA impuso una multa al Ayuntamiento de Tampico por carecer de autorización en materia de Impacto ambiental y ordenó la restauración total del sitio.

El municipio impugnó la multa y presentó una manifestación de impacto ambiental, violando el carácter preventivo de dicho estudio. Por el curso de estas acciones, la ciudadanía de Tampico ha continuado presentando oposición a la destrucción del manglar, habiendo logrado esta semana que la Suprema Corte atrajera el caso.

Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su resolución que la primera disyuntiva que amerita un pronunciamiento es la acreditación de un interés legítimo ante la posible o futura afectación al medio ambiente, cuestión que no ha sido abordada, y por la que se acredita el interés y trascendencia del presente asunto.

Se trata de un trascendente tema por implicar el derecho a un medio ambiente sano y los derechos derivados de ello de los mexicanos.

Más información scjn.gob.mx y elmanana.com.mx

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