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Los tres empleados de la empresa Conservación Pilotes de Control SA (Copicosa), que fallecieron en la explosión de la Torre B2 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en enero de 2013, deberán ser indemnizados según ha determinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

Además de la indemnización por responsabilidad patrimonial del estado, que podría alcanzar hasta los 10 millones de pesos por cada familia, los familiares de las víctimas también deberán recibir una disculpa pública por parte de la empresa productiva.

En la demanda presentada por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se exigió la reparación de los daños moral y directo por muerte, además de los conceptos de lucro cesante, cantidad que deja de percibir la familia por la muerte de su familiar, y las disculpas públicas de las autoridades, garantías también incluidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La sentencia marcará un precedente en la reparación de daños en casos semejantes, ya que se establece que no existe un impedimento para recibir una indemnización moral, aunque no exista relación laboral.

El estallido en la Torre B2 de PEMEX fue originado por acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de hidrocarburos (según un peritaje solicitado por la Procuraduría General de la República al Instituto de Geología de la UNAM) y que dejó 128 heridos y 33 muertos.

Desde 2013, Pemex se negó a indemnizar a las familias de estos trabajadores alegando no tener responsabilidad civil por el fallecimiento y por el hecho de que no eran empleados directos de la empresa productiva.

Aunque PEMEX afirma que cumplirá con la sentencia aun puede apelar la decisión.

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