La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido atraer la revisión de un amparo directo en el que una asociación ganadera busca que se le otorgue la suspensión provisional para impedir las obras del acueducto El Zapotillo-León.

Este proyecto, que desde 2009 pretende llevar agua desde Jalisco a Guanajuato, se ha encontrado con diversos obstáculos legales como el juicio promovido por el ejido Agua de Obispo que tiene vigente una suspensión para evitar que pase por su territorio, en lo que se desahoga el proceso.

Además, hay tres suspensiones obtenidas por habitantes de Temacapulín contra la edificación de la presa y una controversia constitucional que también lo impide.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado atraer el recurso de revisión interpuesto en el marco del juicio de amparo 1390/2014 por la asociación ganadera local de San Juan de los Lagos que reclama a la justicia federal le otorgue “suspensión de plano” para impedir las obras del acueducto El Zapotillo-León.

Los quejosos reclaman que por ley, las asociaciones ganaderas son sujetos de interés público y deben tener un tratamiento protector similar al de los ejidos, es decir, se les otorgue lo que se denomina “suspensión de plano” que es la que se decreta en el mismo auto en que el juez admite la demanda, lo cual fue negado por el juzgado de distrito.

Los ganaderos promovieron recurso de revisión que llegó al Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito de Guadalajara, que solicitó a la Suprema Corte que atrajera el caso por los derechos que se analizan en el caso.

La atracción del asunto, dice el tribunal, “permitiría… determinar los alcances y realizar en todo caso una ponderación entre los derechos fundamentales a la vivienda y un medio ambiente sano, con relación al beneficio o a la utilidad pública de la construcción de una obra de infraestructura de grandes dimensiones (e) interpretar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, con relación al derecho de consulta prevista en tal numeral, con motivo de la realización de obras que requieran devaluación de impacto ambiental; y, evitar el pronunciamiento de una sentencia que resulte contradictoria, con lo determinado porla Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 93/2012”, en la que declaró la invalidez del convenio que dio origen al proyecto de presa El Zapotillo a 105 metros de elevación, y la restringió a un convenio original, a 80 metros.

Además, “a juicio de este órgano jurisdiccional podrían verse afectadas áreas o sectores de importancia económica, en la especie, la agrícola y ganadera de la región a que se dedican los quejosos, en relación con la utilización del agua, donde se realiza la obra de grandes dimensiones vinculada a las normas, actos y omisiones reclamadas”.

Una mayoría de 3 de 5 magistrados coincidió con el Tribunal y decidió atraer el caso, mismo que llevará aproximadamente 12 meses para ser resuelto.

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