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Al revisar un juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo viola el derecho a la educación y el principio de progresividad al establecer cuotas de inscripción o reinscripción en sus escuelas y facultades.

Desde agosto de 2010, la Constitución del estado de Michoacán establece en su artículo 138 como obligación del estado impartir educación hasta el nivel superior, además de que se prevé que el derecho a la educación es un derecho de todos los individuos y que la educación que imparta el estado será gratuita.

En los transitorios de esta reforma se estableció en su artículo tercero que la gratuidad sería “cumplida de manera gradual progresiva” y que inicialmente implicaría “el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior y superior hasta el grado de licenciatura” y otros servicios como exámenes, cursos, certificados, credenciales, cartas de pasantía, titulación y constancias, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Pero en febrero de 2014, las autoridades universitarias acordaron cobrar cuotas de inscripción y reinscripción a los alumnos, lo que llevó a varios de éstos a promover juicios de amparo en contra de tal decisión.

La Primera Sala, al resolver dicho recurso, confirmó la sentencia recurrida y amparó a una estudiante en cuestión, toda vez que los actos reclamados violaron su derecho humano a la educación previsto en el artículo 3° de la Constitución Federal y desarrollado por el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán, así como el principio de progresividad, porque las autoridades responsables no demostraron fehacientemente la ausencia de recursos económicos para garantizar la gratuidad de la educación superior impartida por el Estado de Michoacán, ni que hubieran realizado todos los esfuerzos posibles para obtenerlos.

Se precisó, también, que la autonomía universitaria no exime a la citada Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior reconocido por la Constitución local, ya que dicha figura constituye una garantía institucional del derecho a la educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo. Además, en virtud del principio de progresividad, una vez que dicho estado ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene prohibido adoptar, por regla general, medidas regresivas salvo que demuestre fehacientemente que ha realizado todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito.

Así, los efectos del amparo serán que el gobernador del estado deberá transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación de quien interpuso el amparo hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, los efectos significan que deberán abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior.

Existen otras demandas que seguramente correrán la misma suerte. La Primera Sala ya había revisado previamente otro caso en el que se negaba el amparo, pero el proyecto fue rechazado por una mayoría de cuatro contra uno.


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