El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió que el valor probatorio de las diligencias realizadas por el Ministerio Público no depende del tamaño del papel, sino de que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para su desahogo.

En distintos amparos, los quejosos argumentaba que las actuaciones del ministerio público eran irregulares y carecían de valor probatorio al no haber sido plasmadas en papel tamaño oficio, como indica el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, sosteniendo que esto constituía una violación al debido proceso.

En la demanda se argumentaba que lo plasmado en las actuaciones no cumplian con las formalidades esenciales del debido proceso. “Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal el respeto al debido proceso que en el caso, se traduce a observar las formalidades esenciales” se establecía en la demanda.

Pero los magistrados coincidieron en que no puede llegarse al extremo de declarar inválida o restarle valor probatorio a una actuación ministerial según el tamaño del papel en que fue asentada, tomando en consideración la jurisprudencia que existe sobre el tema.

Esa jurisprudencia establece que las actuaciones del ministerio público en la averiguación previa no carecen de validez ni contravienen las formalidades esenciales del procedimiento o el derecho de defensa, por estar asentadas en papel tamaño carta y no en oficio.

En el criterio se explica que el artículo  277 del código mencionado, no tiene el alcance para determinar que lo asentado en ellas es nulo de pleno derecho o que se trate de prueba ilícita, pues el valor probatorio de las diligencias realizadas no depende del tamaño del papel, sino de que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para llevar a cabo su desahogo.

La jurisprudencia expone que al disponerse en el artículo que "las actas se extenderán en papel de oficio", se refiere propiamente a las formalidades de las actas llevadas a cabo por la Policía Judicial en auxilio del Ministerio Público, para recibir las denuncias correspondientes.

Por tanto, "no puede llegarse al extremo de declarar inválida o restarle valor probatorio a una actuación ministerial en atención al tamaño del papel en el que fue asentada; máxime si su contenido -que es jurídicamente trascendente-, cumple con las demás formalidades como son, entre otras, la firma y rúbrica del funcionario que la practicó, así como el sello de la autoridad que la autoriza" concluye el criterio.


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