La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al negar un amparo determinó que el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT) que permite a las autoridades ministeriales solicitar la geolocalización de un teléfono móvil o dispositivo electrónico en tiempo real, sin que sea necesario contar con autorización judicial, es constitucional.

La norma obliga a las compañías de telecomunicaciones a almacenar todos los metadatos de sus clientes por un lapso de hasta 24 meses, información que incluyen lista de llamadas, horario y fecha de las mismas, ubicaciones digitales y satelitales, modalidad de pago de las líneas y mensajes de texto, entre otros, y a entregar esta información a la autoridad competente.

En el caso, una quejosa usuaria del servicio de telefonía pretendía evitar que la autoridad tuviera acceso, eventualmente, a los datos de su teléfono móvil y/o fijo. Sin embargo el máximo tribunal determinó que “la retención, conservación y entrega de la información relacionada con las comunicaciones de telefonía fija o móvil, constituye una injerencia constitucionalmente válida a la privacidad de las personas, acorde con los propósitos que persigue la ley”.

La resolución precisa que la autoridad competente deberá “fundar y motivar” las causas legales de la solicitud, además de expresar las personas cuyos datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información.

La sentencia establece que, “contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la geolocalización no implica una injerencia en el derecho a la privacidad de las personas, debido a que tiene por objeto identificar la ubicación de la que proviene una llamada realizada mediante un equipo de telefonía móvil, por lo que no está dirigida a una persona determinada, con independencia de las investigaciones que posteriormente se realicen a las personas".

En la resolución también se explica que la la obligación de los concesionarios de retener y conservar los metadatos, no incluye el contenido de la comunicación en sí, por lo que se mantienen protegidas las conversaciones.

El fallo recuerda que no existen derechos absolutos y que se tiene una sentencia del pleno de la Suprema Corte en este sentido, debido a que el legislador está facultado para establecer restricciones a los derechos de las personas, siempre y cuando no sean arbitrarias y se persigan fines válidos, acordes con la Carta Magna.

“A juicio de esta Segunda Sala, la medida impugnada es idónea para la consecución del fin señalado, debido a que no sólo proporciona a la autoridad la identidad de los interlocutores, sino también permite conocer el origen y destino de las llamadas que realicen, así como su duración, fecha y lugar desde el que se producen, lo cual revela la frecuencia de las comunicaciones que efectúan los usuarios a un determinado número telefónico; información de gran utilidad en la persecusión de los delitos”, concluye el fallo judicial.


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