Dos tribunales colegiados han ordenado que se dicte la suspensión provisional para que en centros de almacenamiento en donde se están recibiendo los televisores analógicos a consecuencia del apagón digital se suspenda parte del proceso de acopio, tratamiento, coprocesamiento, reciclaje, recolección, confinamiento y disposición final.

A raíz de que el gobierno federal repartió televisores digitales para hacer frente al llamado apagón analógico en donde se pasa a la señal digital de televisión, el gobierno federal impulsó un programa de acopio y disposición de los equipos en cada estado.

Sin embargo, diversas agrupaciones de la sociedad civil promovieron un amparo en contra de las autoridades federales y estatales por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud con la implementación de este programa “por el riesgo de liberación de hasta 67,319 toneladas de óxido de plomo (dato nacional) y de retardantes de flama bromados al ambiente, contenidos en los residuos de las televisiones analógicas”.

Para obtener los componentes reciclables de los televisores,  se rompe el cinescopio y en ese momento, se libera el plomo que estos componentes contienen. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado que la exposición al plomo que contienen los aparatos puede causar inhibición enzimática, anemia, desórdenes en el sistema nervioso, inmune y reproductivo, daño renal y en las funciones cardiovasculares e incluso, la muerte.

Las organizaciones señalan que lo más recomendable es que los aparatos que son desechados sean almacenados en sitios de disposición final exclusiva para televisores analógicos hasta que se cuente con la tecnología adecuada para que se puedan reciclar.

Además, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento establece que el manejo de residuos peligrosos que se encuentran sujetos a Tratados Internacionales es competencia exclusiva de la federación y no de los estados y municipios; aunado a que el gobierno federal no otorgó presupuesto a las demarcaciones para operar los centros de acopio, los cuales tampoco reúnen las condiciones que exige dicha ley, como el contar con medidas de seguridad.

Las organizaciones tienen interés en que se suspenda el reciclaje, tratamiento y disposición final de las televisiones obsoletas, hasta que se pueda disponer de los aparatos de forma adecuada.

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