Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un amparo directo, dio luz verde para que una asociación civil pueda promover una acción colectiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la presunta contaminación del medio ambiente a través de la operación de la termoeléctrica “José Aceves Pozos”, en Mazatlán, Sinaloa.

Según la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa, la contaminación se da porque la termoeléctrica arroja aguas residuales que exceden los límites de temperatura máxima a dos esteros de Mazatlán.

La demanda fue iniciada en 2013, turnándose al Juzgado Décimo de Distrito, que en 2014 la certificó como acción colectiva, pero la CFE presentó apeló la certificación, turnándose la misma al Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito.

El Primer Tribunal Unitario estimó que la asociación civil no tenía legitimación para ejercer la acción colectiva, dado que no acreditaba ciertos requisitos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y por tanto, revocó la admisión que había proveído el Juez Federal. Inconforme con lo anterior la asociación civil promovió demanda de amparo directo, la cual fue atraída para su resolución por la Primera Sala.

En el fallo de la Primera Sala, esencialmente, quedaron señaladas las diferencias sustanciales que existen entre la acción difusa en materia ambiental que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles y la acción para demandar la responsabilidad ambiental establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Consecuentemente, se resolvió que dichas acciones son independientes y que no es exigible cumplir con los requisitos de procedencia impuestos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuando se promueve una acción difusa con base en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La acción difusa es un tipo de acción colectiva y se define en la fracción I, del artículo 581, del Código Federal de Procedimientos Civiles, como “aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad,…”.

Así, finalmente después de tres años el juicio de esta acción colectiva podrá iniciar.

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