A raíz del caso de un canadiense que besó a dos niñas menores de edad, en el Congreso del Estado de Guerrero se ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad y agravar la pena en el delito de abuso sexual e incluir la figura de la pederastia.

En la primera de las iniciativas que se presentaron por estos temas se propone reformar los artículos 180 y 181 del citado Código, para aumentar la pena y que ésta sea de entre 10 y 20 años de prisión, y una multa que garantice la reparación de daños y gastos médicos y judiciales que se requieran, sin que sea menor a 200 mil pesos.

En el caso de abuso sexual en personas menores de edad se propone aumentar la pena en los mismos términos, pero se eliminan los supuestos de que el delito se cometa en circunstancias en las que se involucre el parentesco entre la víctima y el victimario, para contemplar esta y otras circunstancias en el delito de pederastia. Además plantea que el delito sea perseguido de oficio.

A fin homologar el Código Penal local, con el Código Penal Federal, la iniciativa propone la adición del capítulo siete con el delito de pederastia con pena de prisión de 10 a 20 años y de 650 a 2 mil 250 días multa. En este caso se establece que se sancionará a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

También se prevé que el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

En la exposición de motivos, se advierte que el caso de la menor abusada en Acapulco por el ciudadano canadiense, Walter Zuk, “ha puesto al descubierto una problemática social que cuestiona la eficacia de las instancias de prevención, procuración e impartición de justicia en el cumplimiento de sus responsabilidades; así como la viabilidad, pertinencia y justeza del marco jurídico aplicable en esta materia en nuestro estado de Guerrero”.

Asimismo subrayó que el Estado “ha incumplido a cabalidad con sus responsabilidades, dejando en la indefensión de las niñas, niños y adolescentes”.


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