El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró constitucional el límite previsto en el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite a las concesionarias de tipo social, comunitarios e indígenas, la venta de publicidad a sus respectivos municipios por un monto máximo equivalente al uno por ciento de su presupuesto.

La decisión se presentó al revisar cuatro controversias constitucionales promovidas por municipios de Oaxaca, Chiapas y Colima, en que se argumentaba que esa disposición violaba la libertad presupuestaria y hacendaria municipal, prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal.

Una mayoría de ocho de once ministros consideraron que no se daba tal violación, porque establece un límite de financiamiento para los concesionarios de uso social, pero no para la libre administración de la hacienda municipal.  Se trata de un simple referente, se dijo, no de un límite a la hacienda del municipio. Incluso ni siquiera es un imperativo para los municipios gastar hasta el uno por ciento en publicidad para las radios comunitarias e indígenas, lo que sí acontece con la Federación que debe aportar el uno por ciento de su gasto de publicidad en apoyo a las radiodifusoras sociales.

La norma está dirigida a los concesionarios de tipo social y busca darles viabilidad, al posibilitar que obtengan ingresos por este concepto, al preservar su fin constitucional y su naturaleza no comercial.

También fueron impugnados el artículo 89, fracción III que prohíbe a los concesionarios sociales la venta de publicidad, con excepción de la venta a entes públicos federales, las Entidades Federativas y Municipios; y el artículo 90, fracción IV, que prevé que para el otorgamiento de las concesiones de tipo social, se deben tomar en cuenta sus fuentes de ingresos.

El Pleno determinó procedente sobreseer, en virtud que dichos preceptos no producen una afectación a la esfera competencial de los municipios, por lo que éstos carecen de legitimación para presentar controversias constitucionales en contra de esas disposiciones.


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