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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que el plazo para detener en flagrancia se extienda hasta 72 horas después de cometido el delito, como está establecido en el artículo 112 apartado B del Código de Procedimientos Penales del estado de Colima.

El artículo en cuestión establecía que se entiende que “Se está también en delito flagrante cuando el imputado es detenido después de ejecutado el hecho delictuoso, si… b) alguien lo  señala como responsable, y se encuentra en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien, aparecen huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del mismo, siempre que no hayan transcurrido setenta y dos horas desde la comisión del delito”.

La Suprema Corte consideró que esta disposición  constituye un supuesto de detención personal que no está comprendido en nuestra Constitución.

En el análisis contenido en la resolución se establece que la reforma del 18 de junio de 2008 al artículo 16 constitucional obedeció a la intención expresa de erradicar la posibilidad de que la legislación secundaria introdujera la “flagrancia equiparada” que permite detener a una persona cuando, durante un período que sigue a la comisión del delito, es sorprendida con objetos, huellas o indicios que revelan que acaba de ejecutar el delito.

Esto ya que se permitiría en ese supuesto arrestar a una persona sin que exista de por medio una orden judicial, haciéndolo solamente sobre la base de simples denuncias o declaraciones testimoniales.

La Primera Sala considera que la reforma de 2008 alude a la “inmediatez”. De esta forma, la “flagrancia” alude a su significado literal y restringido, donde lo que flagra es lo que arde o resplandece como fuego o llama.

“Un delito flagrante es aquel (y solo aquel) que brilla a todas luces. Es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Para reconocerlo no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor” dice la resolución.

Puede “validarse la legalidad de la detención de una persona, en el supuesto de flagrancia y cuando la captura no se realice al momento en que se está cometiendo el delito,… cuando el indiciado es perseguido físicamente después de haber cometido o participado en la perpetración de la acción delictiva, no así (cuando existe) de por medio interrupción de la persecución del delito”, es decir debe tratarse de acciones continuadas en el tiempo sin interrupción, que va del momento en que se perpetra el delito a aquél en que es capturado el indiciado.

Fuera de estas circunstancias la detención tendrá el carácter de una detención ilegal y arbitraria.

La Primera Sala devolvió la resolución al Tribunal Colegiado para que al realizarse el estudio correspondiente parta de las consideraciones expuestas por la Suprema Corte de Justicia.


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