El sistema integral de justicia para adolescentes en materia federal continúa en el limbo.  El 12 de diciembre de 2005 se público la reforma constitucional del artículo 18 que estableció este nuevo sistema, y que imponía obligaciones para las entidades federativas que se traducen en garantías para los menores.

 

Conforme a los transitorios del decreto la reforma al 18 constitucional entró en vigor el 12 de marzo de 2006. Pero en cuanto a la obligación de los estados y el Distrito Federal para establecer este sistema surgió una controversia constitucional, que terminó en la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió que la obligación de las entidades y el Distrito Federal para que se generaran las leyes, instituciones y órganos del sistema, inició el trece de marzo de dos mil seis y venció el doce de septiembre de ese año.

 

Pero también la Corte dejó en claro que al no citarse al nivel Federal “se desprende que la intención del legislador no fue fijar a la (Federación) un plazo, sino sólo a las legislaturas locales”

 

Así, al no existir un plazo en el ámbito federal, llevamos casi cuatro años sin generar las leyes, instituciones y órganos de la justicia para los adolescentes en dicho nivel de gobierno, y que incluye delitos como el narcotráfico o la portación de armas.

 

El Congreso trató de subsanar esta omisión mediante un decreto que se publicó el viernes pasado y que adiciona dos párrafos al artículo segundo transitorios de aquella reforma, pero con muy mala técnica legislativa, que hace que la disposición esté viciada de origen.

 

El decreto adiciona un párrafo y un artículo a los transitorios del decreto del 12 de diciembre de 2005. El primero de ellos dice que “La Federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la implementación del sistema de justicia integral para adolescentes.”

 

Si están adicionando éste párrafo al segundo transitorio del decreto del 12 de diciembre de 2005, el cual, conforme al criterio de  la Corte en su tesis jurisprudencial No. 72/2008 entró en vigor el 12 de marzo de 2006, entonces legalmente el plazo para que la Federación expidiera las leyes correspondientes venció el 13 de marzo de 2007, configurando una violación constitucional por parte de los poderes legislativo y ejecutivo.

 

Y mientras son peras o manzanas, seguimos sin el sistema a nivel federal.

 

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