El pasado lunes, al resolver dos amparos directos en revisión, la Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal.

En los amparos señalados, nueve ministros votaron por la inconstitucionalidad de la disposición, aunque sólo seis de ellos lo hicieron en el mismo sentido, considerando que el artículo viola el principio de taxatividad.

Conforme al principio de taxatividad se exige que “el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma”.

Para que el concepto quedase más claro, el ministro Javier Laynez citó un criterio reciente del Tribunal Constitucional Español que sostuvo que: “la norma punitiva aplicable, ha de permitir predecir con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen infracciones y el tipo y el grado de sanción de que pueda hacerse merecedor quien la cometa”.

Igualmente, aludió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que: “una norma no puede ser considerada ley, a menos que esté formulada con suficiente precisión para permitir al ciudadano regular su conducta, debe ser capaz de prever en un grado razonable, dadas las circunstancias, las consecuencias que pueden derivarse de una determinada acción".

“Cualquier persona debe saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, si la descripción típica de la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”, señaló la ministra Norma Piña.

En resumen, para la mayoría de los ministros de la SCJN el término “ultrajar” tiene múltiples significados, por lo que el legislativo de la Ciudad de México debe “darle contenido” a ese verbo “ultrajar” y tipificar correctamente la conducta para cumplir con el principio de taxatividad.

El delito no ha quedado desterrado de la legislación de la Ciudad de México, pero con tres casos más puede construirse jurisprudencia que dificulte su aplicación.

Así que en este caso las autoridades de la Ciudad de México tienen dos opciones: que se legisle para adecuar el delito de “ultrajes a la autoridad” y el de “ataques a la paz pública”, o tal vez considerar convertirlos en faltas administrativas y no delitos, que sólo impliquen arresto y/o multa.


miabogadoenlinea.net


Se permite la reproducción total o parcial con crédito a miabogadoenlinea.net

Pin It