En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó una  iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca erradicar el uso masivo de las pruebas poligráficas, como única prueba para realizar los exámenes de control de confianza.

La iniciativa propone adicionar al citado artículo un párrafo que establezca que “los procesos de evaluación de control de confianza deberán realizarse con apego al principio de legalidad, seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, favoreciendo la integración de diversas pruebas que permitan fundar y motivar adecuadamente la resolución de ingreso o permanencia de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública. La prueba poligráfica sólo podrá utilizarse para las evaluaciones de los altos mandos de las Instituciones de Seguridad Pública”.

En la Exposición de Motivos se destaca que  la necesidad de contar con criterios que determinen la confiabilidad de los miembros de las instituciones de seguridad pública, dió paso al uso preferencial de la prueba poligráfica. Sin embargo, esta prueba no es objetiva, ni está avalada científicamente como un medio confiable para determinar que los sometidos a ella están realmente acreditados o no para desempeñar un cargo.

La prueba parte de la premisa de que las reacciones intensas muestras que la persona examinada miente, sin tomar en cuenta que es posible que la persona se encuentre alterada emocionalmente por la prueba, así como por las consecuencias laborales que implica.

Así, se concluye que el uso de la prueba poligráfica resulta, por tanto, una práctica intimidatoria que podría configurar incluso una violación al derecho a la integridad personal de las y los examinados.

La iniciativa considera que se trata tan sólo de un indicio, que al ser integrado a otros, y tras un análisis minucioso, podría servir a la verificación de las condiciones de ingreso o permanencia de miembros de instituciones de seguridad pública, pero no debe ser la única prueba.

La presente iniciativa establece que los exámenes de control de confianza de los miembros de instituciones de seguridad pública deben basarse en los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como en el respeto de los derechos humanos, ajustándose a criterios objetivos, con bases científicas que permitan arrojar indicios que, integrados a otras pruebas determinen la idoneidad de la colaboración de los miembros de las instituciones de seguridad pública.


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