Suprema Corte de Justicia de la Nación

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró la invalidez constitucional del párrafo cuarto del artículo 172 y el artículo 324 de la Ley Electoral de Quintana Roo que establecen que “en la propaganda electoral deberán evitar en ella cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos, racistas o discriminatorios”; y se definen la calumnia como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

La Corte consideró inconstitucionales estas disposiciones ya que se excede el parámetro constitucional que establece el artículo 41 base I, apartado C, en donde claramente se especifica que no podrán expresarse calumnias en contra de las personas, al incluir la disposición conceptos adicionales a este límite constitucional.

Por otra parte se invalidó el artículo 324 ya que el término calumnia relacionado con las mismas no establece que un componente fundamental de la misma es acusar con dolo a sabiendas de que se trata de una mentira.

El ministro José Ramón Cossío advirtió que las campañas políticas deben ser abiertas y duras para permitir a los ciudadanos elegir.

"A mí sin embargo me parece que las campañas políticas, en el sentido de la función que cumplen los partidos y los candidatos, para permitirnos constituir los diversos órganos de representación nacional, deben ser abiertas, en alguna medida deben ser duras, deben poderse decir cosas, no sólo sobre sus programas, sino sobre sus características particulares. Y me parece que debe ser una contienda, lo más abierta, lo más dinámica posible", dijo.


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