En junio pasado la UNICEF reportó que unos 150 millones de niñas y unos 73 millones de niños menores de 18 años son explotados sexualmente en el mundo. Muchos son vendidos a otros países donde son abusados sexualmente y muchos de ellos son utilizados para pornografía infantil.

 

La UNICEF menciona en su reporte que pese a que en numerosos países se ha legislado para proteger a los niños, esa legislación sigue siendo letra muerta o mal aplicada en numerosos países. Y México no es la excepción.

 

En Oaxaca particularmente se han reportado numerosos casos de abuso de menores en diversas escuelas, en donde la característica común parece ser la impunidad para estos delincuentes.

 

En uno se estos casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca respecto de los delitos de pornografía infantil cometidos contra tres niños en una escuela en Ocotlán de Morelos el 29 de mayo de 2008 y que fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del estado.

 

Tras la denuncia, los padres de los menores se quejaron de violaciones a los derechos humanos de sus hijos cometidos por funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca e incluso declararon haber recibido amenazas de muerte. Este caso trascendió a la opinión pública y por tal motivo la CNDH atrajo el caso.

 

Las recomendaciones que se hacen en este documento al gobernador del estado son para que se brinde asistencia psicológica adecuada a los niños víctimas del delito y a sus padres, se haga la reparación del daño y se garantice su seguridad frente a las amenazas recibidas y además para que se inicien los procedimientos administrativos en contra de los funcionarios del estado del instituto de educación que omitieron intervenir oportunamente en este caso.

 

La pornografía infantil en nuestro país es un delito muy serio que sin embargo sigue tratándose como delito del fuero común y es perseguido a nivel federal solo cuando interviene la delincuencia organizada o cuando hay inactividad de las autoridades estatales. Por lo que en tanto no se preste la debida atención y deje de reinar la impunidad como en este y otros muchos casos similares, seguirá siendo un delito a la alza y respecto del cual muchas autoridades prefieren cerrar los ojos, pretendiendo que así no existe y dejando que los delincuentes actúen según sus más bajos instintos animales en contra de los más vulnerables.

 

Fuente El Universal
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