Escudo universidad nicolaita

La Primera Sala de la Suprema Corte desechó el proyecto de sentencia que apoyaba la facultad de las universidades en Michoacán para aplicar cuotas, por lo que se prevé que se declare inconstitucional el cobro de las mismas en dicha entidad.

Una mayoría de cuatro ministros consideró que la autonomía universitaria no exime a estás instituciones educativas de hacer cumplir la Constitución, por lo que la gratuidad de la educación a nivel superior, prevista en la Constitución de Michoacán, está por encima de la autonomía universitaria.

El ministro proyectista sostenía que “la reforma constitucional de gratuidad de la educación media y superior en Michoacán no obliga a un organismo descentralizado como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque en ejercicio precisamente de su autonomía puede establecer cuotas de inscripción y colegiaturas para que se pueda ingresar a ella y exigir los recursos correspondientes”.

Después de exponer diversas consideraciones, el ministro Pardo afirmaba que el derecho a la educación “sí puede limitarse”, pues en este caso, “la propia autonomía encierra precisamente una excepción o limitación al propio derecho a la gratuidad respecto de la educación que imparta el Estado”.

En agosto de 2010 la Constitución de la entidad se reformó para establecer en el artículo 138 como obligación del Estado impartir educación hasta el nivel superior, además de que se prevé que el derecho a la educación es un derecho de todos los individuos y la educación que imparta el Estado será gratuita.

En los transitorios de esta reforma se estableció en su artículo tercero que la gratuidad sería “cumplida de manera gradual progresiva” y que inicialmente implicaría  “el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior y superior hasta el grado de licenciatura” y otros servicios como exámenes, cursos, certificados, credenciales, cartas de pasantía, titulación y constancias, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Es por ello que en noviembre de 2011, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el gobierno del estado celebraron un convenio para transferir a la primera los recursos correspondientes a la inscripción de sus alumnos de los niveles media superior y superior.

Así sucedió durante el curso 2011, pero en los cursos 2012 y 2013 el convenio ya no se renovó y la Universidad absorbió el “subsidio” a pesar de ya no contar con recursos para ello.

En agosto de 2013 el Consejo Universitario acordó que si no recibían recursos por parte del gobierno del estado, a partir del ciclo escolar febrero 2014 - agosto 2014 se cobrarían las cuotas de inscripción a los alumnos de los niveles media superior y superior, lo que se informó el 21 de febrero de 2014 a la comunidad universitaria.

Esto ha motivado una serie de juicios de amparo que han sido atraídos finalmente por la Primera Sala, en los que se argumenta que la aplicación de estas cuotas es inconstitucional y viola el derecho a la educación de los estudiantes. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo argumenta que la decisión fue tomada con fundamento en la autonomía universitaria que establece el artículo 3o. constitucional, en los términos que la ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al haberse rechazado el proyecto, otro ministro deberá elaborar un nuevo proyecto que refleje la opinión de la mayoría. La decisión sólo beneficiará a la persona que promovió el amparo, pero al existir más de 400 casos adicionales, es posible que se siente jurisprudencia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se vea impedida definitivamente para cobrar cuotas, con los problemas que esto implica para la institución educativa y el gobierno estatal.

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