Ayer entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que establece sanciones para 12 actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos, incluyendo el robo de combustible y la venta de litros incompletos.

En el artículo 16 de la ley se establece como delito la venta de litros de gasolina o diesel incompletos, estableciendo una pena de tres a seis años de prisión y una multa de tres mil a seis mil salarios mínimos, es decir de 219 mil a 438 mil pesos.

Sin embargo, la propia ley establece que sólo se considerará delito cuando se entregue una cantidad inferior en más de 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición. Es decir, si hablamos de un litro de gasolina, se pueden vender hasta 985 mililitros sin que eso se considere delito.

En cuanto a la venta de gas licuado o de gas natural, el margen de tolerancia es de hasta un tres por ciento por debajo de la cantidad que marque el medidor.

La ley también sanciona la sustracción, compra o venta ilegal de hidrocarburos, el robo de equipos o vehículos de industrias de explotación de hidrocarburos o a quien altere sistemas de medición deliberadamente o sustituya combustibles por otras sustancias, entre otros delitos.

Además, esta ley en el artículo 23 clasifica como información de seguridad nacional, toda la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios relacionados con la explotación de hidrocarburos.

Esto obedece a que la ley de transparencia, ha sido utilizada en distintas ocasiones para obligar a PEMEX a revelar la información sobre los distintos ductos de la infraestructura petrolera. Por ejemplo, en marzo de 2005 IFAI ordenó a PEMEX entregar la carpeta al gobierno de Veracruz con la ubicación de la infraestructura petrolera en la entidad.

El organismo venía argumentando que este tipo de información era “reservada” ya que ponía en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, y que proporcionar información estratégica respecto de las instalaciones que son utilizadas para la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos brindaría un panorama de puntos vulnerables que pudieran ser fácilmente utilizados para acciones de sabotaje. Sin embargo lo argumentos no fueron aceptados por el IFAI y el organismo fue obligado a entregar la información.

En los medios se argumenta que estos y otros casos abrieron la puerta para que el crimen organizado conociera esta información, llevando las tomas clandestinas de combustible de 232 en 2006 a 3,635 en 2014, y que en 2015 superaron las 5,000.

Se espera que con esta disposición se logre evitar que la información estratégica de PEMEX siga siendo pública.

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