La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de las empresas de radiodifusión a transmitir el Himno Nacional todos los días de la semana a las seis de la mañana y a la medianoche.

El artículo 253 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que “Todos los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión estarán obligados a transmitir el Himno Nacional a las seis y veinticuatro horas, y en el caso de la televisión, además, simultáneamente la imagen de la bandera nacional”.

La empresa radiodifusora Grupo García de León, en Ciudad Obregón, Sonora, alegó ante los tribunales que esta y otras disposiciones, como las que regulan la programación  o el tiempo del Estado, son discriminatorias y violan la libertad de trabajo, porque se les obliga a realizar determinado tipo de transmisiones.

En cuanto al Himno Nacional destacó que la obligación es inconstitucional y discriminatorio, porque no sucede lo mismo en los medios impresos o Internet, además de que esos medios están exentos del pago del impuesto por el uso del espectro radioeléctrico.

La Sala puntualizó que el legislador ordinario sí está facultado para regular los tiempos del Estado "...ya que en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Poder Reformador de la Constitución, por una parte, reconoció como derechos de las audiencias el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la Nación, y en general, a recibir programación que brinde los beneficios de la cultura, que fomente los valores de la identidad nacional, amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y, por otra parte, con el objeto de garantizar tales derechos, entre otras acciones, reguló el denominado tiempo del Estado, al establecer que las transmisiones que bajo dicho título se efectuaran estarían dedicadas a difundir temas educativos, culturales y de interés social".

El denominado tiempo de Estado, mencionó la Sala, no implica la realización de un trabajo o la prestación de un servicio sin el consentimiento y sin la justa retribución como lo sostuvo la empresa, pues es indudable que el servicio que se les concesionó no es gratuito, sino lucrativo para el particular que lo presta.

Por otro lado, dichas personas no prestan un servicio al Estado sin su consentimiento, puesto que voluntariamente han aceptado, a través de una autorización gubernamental, prestar un servicio público de interés general sujeto a control y supervisión en beneficios de los gobernados, resolvió la Segunda Sala.

Los ministros precisaron que los llamados tiempos de Estado son constitucionales, porque el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio de la nación, cuya titularidad y administración corresponde al Estado, los cuales otorga mediante concesiones que obligan a los particulares cumplir con la función social que le atribuye la legislación a la radiodifusión.

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