El jueves 6 de agosto llegó a España Juan Manuel Inciarte Gallardo, un presunto etarra que fue expulsado de México. Fue detenido al arribar al aeropuerto internacional de Madrid y está acusado del homicidio de tres personas, dos policías y la esposa embarazada de uno de ellos, además de una presunta participación en otros atentados. A petición del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue enviado a prisión.

Con la expulsión de esta persona suman ya 34 presuntos etarras entregados por México a España, en seis casos siguiendo un proceso de extradición solicitado por España y en los 27 restantes, que incluye a Inciarte, por el procedimiento de expulsión.

La autoridad facultada en México en materia de migración es el Instituto Nacional de Migración que es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su marco legal es la Ley General de Población y su reglamento fundamentalmente.

El artículo 125 de la Ley General de Población establece que los extranjeros que contravengan las disposiciones de la ley podrán ser expulsados o repatriados y esa misma ley faculta a las autoridades migratorias y a la Policía Federal a llevar acabo la verificación de la calidad migratoria de los extranjeros en México.

Si se desprende que algún extranjero ha violado su condición migratoria se sigue un procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley General de Población, mediante el cual la persona es asegurada en una estación migratoria.

En la estación migratoria se practica un examen médico a la persona, se levanta inventario de las pertenencias que lleve consigo y después de que se le permite comunicarse con alguna persona de su confianza y con el representante legal de su país en México, se procede a levantar en acta administrativa su declaración haciéndole saber los hechos que se le imputan y su derecho de ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga.

Una vez que exista la orden de expulsión emitida por la Secretaría de Gobernación por considerar que hay elementos suficientes para la misma, ésta se ejecutará inmediatamente previa notificación del extranjero y su representante legal.

Se suele confundir la expulsión con la deportación. Jurídicamente la deportación se considera una pena infamante y como tal está prohibida en el artículo 22 de la Constitución. Por ello el término legal específico para el procedimiento por el cual este supuesto etarra salió de México, es expulsión.

Fuente El Correo Digital

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