Pues bien, como ya es noticia conocida, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de ejercer la facultad de investigación en relación con lo sucedido el pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al momento de votar, los ministros hicieron hincapié al mencionar que los resultados de su investigación no serán vinculatorios ni con ello se enviará a persona alguna a la cárcel o se castigará a los culpables o se determinará un monto de indemnización, sencillamente porque esa no es la función de la Suprema Corte.
Frente a estas declaraciones ya hay quienes han legado al extremo de opinar que la Suprema Corte no sirve para nada y que es un organismo que debería de desaparecer. Sin embargo esas declaraciones solo ponen en evidencia la falta de información de muchos ciudadanos respecto de la división de poderes, las funciones de cada poder y sus atribuciones y limitaciones.
Así, no corresponde al poder judicial investigar ni perseguir delitos, función de las procuradurías estatales y de la general en materia federal, sino que le corresponde juzgar cada caso y aplicar la ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está ejerciendo una facultad de investigación que excepcionalmente le otorga la Constitución cuando ha habido grave violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. Así que la comisión que al efecto se ha creado y que iniciará funciones el 16 de agosto investigará respecto de los diez siguientes aspectos:
1. El marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y analizar los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías.
2. El origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.
3. El origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares no patrones para la prestación del servicio de guarderías.
4. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC.
5. Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron dicho convenio y su competencia, así como el procedimiento que se observó para su otorgamiento y cumplimiento con la normatividad relativa al funcionamiento como guardería.
6. Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones del funcionamiento de la Guardería ABC y, en caso de hacer observaciones, si se vigilaba el cumplimiento de las mismas.
7. Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, en relación con el otorgamiento del permiso de uso de suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del mismo inmueble y de los inmuebles aledaños.
8. Analizar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios encargados del buen funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente de fecha 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, pudieron evitarse y, con ello, se hubiera podido salvaguardar la vida de e integridad de los menores que se encontraban en la misma.
9. Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso.
10. Identificar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales, tanto del IMSS como del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora y demás que resulten.
Del resultado de estas investigaciones las autoridades competentes, que no es la Suprema Corte, podrán iniciar acción legal no solo penal sino administrativa contra las autoridades que se determinen responsables.
Además, como se logra apreciar, la Corte solo revisará lo relativo a la actuación de las autoridades y no de los dueños de la guardería puesto que la investigación se centra en violación de garantías o derechos humanos por el estado.
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