El Congreso del estado de Tabasco aprobó diversas adiicones al Código Civil de la entidad para regular más ampliamente la gestación asistida y subrogada, a fin de evitar abusos y explotación en estos casos.

Desde hace poco más de dieciocho años se encontraban vigentes en la entidad dos disposiciones que hacían una vaga referencia a la gestación sustituta o subrogada para definir quién sería considerada la madre.

Este débil marco normativo sirvió para que floreciera una entidad una “industria” de la gestación sustituta, que facilitaba  a extranjeros y parejas del mismo sexo utilizar este mecanismo para ser padres. Las autoridades consideraron que este fenómeno se había convertido en una forma de “explotación comercial sin escrúpulos”.

Con estas reformas se incluyen un capítulo, específico en el ordenamiento llamado "DE LA GESTACIÓN ASISTIDA Y SUBROGADA", al Título Octavo "DE LA FILIACIÓN", para establecer criterios específicos para la realización de este tipo de prácticas.

Así,  se da intervención a la Secretaría de Salud del Estado en las prácticas clínicas de gestación asistida y subrogada, que además deberá acreditar a las instituciones que brinden el servicio de reproducción humana asistida.

Además se establecen los requisitos que deberán cumplir los contratantes, tales como ser mexicanos, cerrando la puerta a los ciudadanos extranjeros; poseer plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos, y garantizar con una póliza de seguro de gastos médicos mayores, expedido por una institución de seguros establecida legalmente en territorio nacional que cubra los gastos originados en la atención del embarazo, parto y postparto.

Por otra parte, se establecen las características de la madre gestante estableciendo un límite de edad de 24 a 35 años; no padecer alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía; que su entorno social sea estable, libre de violencia y su condición física y psicológica, etcétera.

La mujer contratante deberá acreditar, mediante certificado médico, que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y cuya edad oscile entre los 25 y 40 años.

También se establece que la mujer gestante otorgue su aceptación pura y simple para una implantación y reconocer su obligación de procurar el bienestar y sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional y a concluir la relación contratada, así como respeto al o los recién nacidos y a los padres contratantes una vez producido el nacimiento.

Asimismo, se prevén las circunstancias que producen la nulidad de aquellos contratos que se hayan celebrado, entre las que se encuentran la participación de agencias, despachos o terceras persona.

Los contratos, acuerdos y convenios, se celebrarán ante notario público y deberán ser aprobados por un juez.

Los abogados que se verán afectados con esta reforma una vez que entre en vigor, han protestado en contra de la misma al considerar que “es inconstitucional, excluyente, discriminatoria e incongruente, ya que se ignora que todas las personas gozarán de las garantías que emanan de la Constitución”.

La comunidad homosexual también se dijo decepcionada ya que excluye de esta práctica a las personas solteras o matrimonios del mismo sexo.

Así que seguramente esta reforma será impugnada ante tribunales y tal vez llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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