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La Cámara de Senadores por fin aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional para que se puedan suspender ciertas garantías constitucionales en una determinada región o en todo el país.

La ley establece que la suspensión de derechos y garantías sólo procederá en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o algún peligro o conflicto que ponga en riesgo a la sociedad.

La ley define como invasión la entrada de fuerzas armadas al país sin la autorización correspondiente. La perturbación grave de la paz pública se refiere a las situaciones de violencia que alteran la estabilidad social y ponen en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o una parte de ella y que representan una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado, para hacer frente a dichas afectaciones.

El peligro o conflicto se define como circunstancias excepcionales que generen afectaciones de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres de origen natural o generados por el hombre.

El presidente de la República presentará al Congreso de la Unión el proyecto para que se declare la restricción o suspensión de derechos en el que debe especificar el tiempo por el que se decretará el estado de excepción, la delimitación geográfica, las garantías que serán suspendidas, la gravedad de los hechos y las autoridades federales responsables de la implementación de la orden.

El Congreso de la Unión tendrá 48 horas para resolver si procede o no la petición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada directa de resolver cualquier impugnación.

Esta ley debió haber sido publicada hace casi tres años pero apenas ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión.

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