La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica.

La CNDH considera que al incluir como sujeto obligado en la ley a “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, sin precisar qué se debe entender por “cualquier otro emisor de información”, permite una interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley de réplica y, por lo tanto, de sus consecuencias y sanciones.

Asimismo el organismo considera que este vicio de constitucionalidad también provoca incertidumbre en las personas afectadas por la información difundida, ya que para poder acudir ante un juez a ejercer el derecho de réplica, se requiere previamente haber exigido la reparación ante el sujeto obligado, pero la falta de certeza sobre los sujetos obligados imposibilita al posible afectado hacer uso de esta vía para obtener la reparación del daño a sus derechos.

Por otra parte, respecto a las multas la CNDH señala que éstas carecen de parámetros de individualización de la sanción entre el monto mínimo y máximo, por lo que estas pueden imponerse de manera discrecional, contraviniendo la Constitución al no dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada.

El organismo destaca que el derecho de réplica debe coexistir con la libertad de expresión y la ley que lo regula no debe significar un riesgo para el ejercicio de ambos derechos, puesto que debe existir un equilibrio en el ejercicio de ambos derechos.

Conforme a los tiempos de la Suprema Corte, este caso podría resolverse en uno o dos años.

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