Por desgracia es una práctica común de la administración pública en general, que al existir un cambio de administración se presentan despidos masivos de trabajadores, no sólo de personal de confianza o mandos medios y superiores, sino inclusive de base, que después se convierten en un pasivo laboral por obtener sentencias que obligan a reinstalarlos o indemnizarlos.

El problema se presenta en distintas entidades de la República, como Huixquilucan, en el Estado de México, en donde existen laudos a favor de 11 extrabajadores que representan 15 millones de pesos, y en donde el municipio ha hecho uso de una y mil argucias para evitar el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores.

En el Ayuntamiento de Nacajuca, en Tabasco, desde 2013, 130 extrabajadores obtuvieron un laudo favorable por 39 millones de indemnización y hasta el momento no les ha sido pagada esta cantidad.

En el municipio de Amacuzac, Morelos, el alcalde fue destituido por el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA) debido a un fallo laboral de hace 11 años, por el que se le adeudan a una exempleada un millón 99 mil pesos.

El Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, utilizó 28 millones 318 mil pesos para pagar 39 laudos laborales.

En Iguala, Guerrero existen 131 demandas laborales en contra del Ayuntamiento, de las cuáles 31 ya  cuentan con laudos condenatorios por un monto de 18 millones de pesos.

En Tecoanapa, también en Guerrero, toda la plantilla del municipio fue despedida en 2008 y los 41 extrabajadores obtuvieron un laudo favorable, por lo que deben ser indemnizados con 40 millones de pesos lo que representa casi la totalidad del presupuesto que recibe anualmente el municipio para la realización de obras sociales y gasto corriente.

La lista es extensa, consecuencia de una política de desplazamiento y de violación a la ley que tiene como consecuencia fuertes gastos para los municipios y que afecta a los habitantes al desviarse recursos que deben ser invertidos en el ayuntamiento.

En algunos estados este año y en 2016 se renuevan los municipios, pero mientras estas políticas no cambien las cargas laborales seguirán ahogando a los municipios y afectando a los ciudadanos.

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