La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidos en distintas manifestaciones, al agredir física y sin justificación a 69 personas.

Las recomendaciones se relacionan con los operativos policíacos implementados el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014, en los que se realizaron detenciones arbitrarias y se presentaron abusos por parte de las autoridades.

En las recomendaciones también se incluye a la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal.

Según estas recomendaciones se acreditó violaciones al derecho a la manifestación, en relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión. También se dieron violaciones al derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales; al derecho a la integridad personal y al derecho a defender derechos humanos.

La CDHDF  recomienda al titular de la SSPDF, entre otras medidas, que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad, se investigue y determine la responsabilidad en disciplina policial, tanto por las acciones y omisiones en las que incurrieron policías adscritos, mandos operativos y superiores, evitando cualquier acción u omisión que genere la revictimización de las y los agraviados.

También recomienda que indemnice los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas y formule denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF.

Por su parte, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en calidad de autoridad colaboradora, se le solicita se analice la figura de “Ultrajes a la autoridad”, que consideró “ambiguo y abierto, carece de certeza sobre los elementos de la conducta punible y genera inseguridad jurídica”.

En ese sentido instó a la Asamblea Legislativa a que lo derogue, al igual que el tipo penal de “Ataques a la paz pública” contemplados en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, “por los alcances y empleo que se les han dado”.

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