Hace una semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre lo ocurrido en Iguala a los 43 estudiantes desaparecidos. Lo que más ha destacado de ese informe es que “es científicamente imposible que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula”.

A partir de este informe en los medios y las redes sociales se ha hecho mofa de la expresión utilizada por el entonces Procurador General de la República al presentar el pasado 27 de enero el informe sobre la investigación del caso Iguala, mismo que presentó como “verdad histórica”.

Sin embargo, el término “verdad histórica” no es una ocurrencia, sino que por definición, ese es el objeto del proceso penal. Así se establece en varios códigos procesales penales señalando que “El proceso penal tiene por objeto establecer la verdad histórica…”.

Pero inclusive al establecer el artículo 20 de la Constitución como principio del nuevo sistema penal acusatorio, que “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos”, algunos consideran que el principio de la verdad histórica en el proceso penal aun permanece. Así se refleja en los códigos penales de Chihuahua, Estado de México, Durango, entre otros.

La verdad histórica es el ideal del proceso penal: saber lo que sucedió en la realidad de los hechos, pero al final en todos los procesos penales lo que se alcanza es la verdad legal.

La verdad legal es aquella que se puede demostrar mediante las pruebas, porque al momento de dictar sentencia, la autoridad judicial está obligada a hacerlo con base en los argumentos y pruebas de la parte acusadora y defensora, aproximándose lo más posible a la verdad real más allá de cualquier duda.

Tal vez en lugar de utilizar el término “verdad histórica”, las autoridades deben referirse a los hechos que se han podido probar.

En cuanto a la cremación de los cuerpos de los 43 jóvenes normalistas, la PGR y el GIEI no coinciden respecto a los materiales y cantidad de ellos que se necesita para incinerar 43 cuerpos, pero como hasta el momento no ha sido dictada ninguna sentencia respecto a este caso, todo son suposiciones y la “verdad legal” del caso aun no se ha definido.

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