Respecto de las declaraciones de Nelson Vargas sobre la contratación de asesores privados en la negociación con secuestradores, Ernesto Mendieta, negociador en la materia, se encuentra bajo la mira de la Procuraduría General de la República puesto que pudo haber incurrido en un delito debido a las negociaciones.

Mediante decreto del 13 de mayo de 1996 se adicionó el artículo 366 bis al Código Penal Federal para sancionar como delito diversas acciones de los llamados negociadores o asesores en materia de secuestros y se describen las siguientes conductas:

  1. Actuar como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima;
  2. Colaborar en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;
  3. Actuar como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen en favor de la víctima, evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro;
  4. Aconsejar el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades;
  5. Efectuar el cambio de moneda nacional por divisas, o de éstas por moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate de un secuestro.
  6. Intimidar a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes.

Ernesto Mendieta argumenta a su favor que no actúo como negociador en el caso de Silvia Vargas, sino como analista de información, y en relación con el caso de Alejandro Martí ya también declaró como testigo de la entrega del dinero por parte de Martí al chofer para que lo entregara a los secuestradores.

De ser encontrado culpable de algún delito de los aquí mencionados, podría recibir una sentencia de dos a diez años de prisión y multa de doscientos a mil días de salario mínimo.

Y si bien es cierto que hay que buscar sacar ventaja de todas las situaciones, las empresas como la de Mendieta oscilan entre lo legal y la ilegalidad.

Por eso el llamado de las autoridades a denunciar estos delitos. Aunque muchas veces por la falta de credibilidad en las autoridades, los familiares de las víctimas prefieren ponerse en contacto con este tipo de asesores quienes de acuerdo con la víctima cobran sus honorarios.

Fuente El Universal.

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