Una vez que en su perfil de Facebook la empresa Uber hubiere anunciado su próxima incursión en Mexicali, Baja California, las autoridades municipales de transporte se manifestaron señalando que el servicio es ilegal y que por tanto, los choferes privados que sean sorprendidos brindando servicio de transporte serán detenidos y sus automóviles enviados al corralón, imponiéndose una multa que asciende a $2,840 pesos.

“Para Mexicali, Uber es ilegal. No por el solo hecho que te afilies a una aplicación de Internet quiere decir que puedes dar el servicio de transporte, hay un procedimiento”, declaró el director del Sistema Municipal de Transporte de la ciudad, Alfredo Arenas.

Incluso, en anticipación a la llegada de Uber, el gobierno municipal de Mexicali y los transportistas autorizados han lanzado un servicio similar llamado Easy Taxi, que será contratado mediante una aplicación de Internet, pero cuyos vehículos cuentan con placas y permisos autorizados.

Mientras en Mexicali la clasificación de Uber como ilegal ha sido tajante, en Tijuana, también en Baja California, las cosas son diferentes pues las autoridades municipales han convocado a una consulta pública para que se tome una decisión al respecto, siendo esta la primera consulta ciudadana que las autoridades de ese municipio realizarán.

Sin embargo la propuesta no ha sido bien recibida por los transportistas autorizados. “Estamos molestos de que sea a través de una consulta pública porque obviamente hay una ley y un reglamento que es el que rige cómo debemos de operar todo ese tipo de servicio. Estamos esperando nosotros que haya una recapacitación de parte de la autoridad y realmente lo sometan a lo que debe ser”, declaró Gabriel Lemus, representante legal de una empresa transportista.

Así, explicó que el proceso establecido en las leyes es el siguiente: “Debe de existir un dictamen técnico de una solicitud de esa empresa para prestar el servicio público en la ciudad de Tijuana, en lugar de ser a través de la dirección de transporte. Posteriormente debe ser de (sic) pasar al cabildo quienes son los que deben de autorizar ya sea concesión o sea la forma en que operaría”.

Sobre la consulta ciudadana en Tijuana, el presidente municipal, José Astiazarán Orcí, declaró que la misma se celebrará a más tardar en un mes mediante los foros que el Instituto Municipal de Participación Pública organice en los que se abordará la problemática. Concluidos estos foros el cabildo de Tijuana tendrá las bases para reglamentar la operación de este servicio y que ya no opera en un vacío legal.

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