La semana pasada trascendió que la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), estaba poniendo en duda otorgar a la Revista Cañamo el Certificado de Licitud de Título y Contenido en virtud de que su contenido podría considerarse “contrarios a la moral pública y a la educación” en términos del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

La revista Cáñamo, se presenta como la “primera publicación en México que abordará temas en torno a las expresiones culturales del cannabis",  para "aportar una visión nueva, una que aborde la ciencia, la historia, el arte y la cultura que hay detrás de esta magnífica planta compañera de la humanidad". La revista cuenta con el respaldo de la edición española que tiene 18 años publicándose.

La Secretaría Técnica informó a La Cañamería Mexicana S.A. de C.V., que la publicación podría incurrir en transgresiones a la normatividad vigente y podría ser declarada ilícita y por lo tanto no permitirse su circulación.

El órgano administrativo desconcentrado señala que la revista podría estar violando las fracciones I y IV del artículo 6 del Reglamento Sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

Esta disposición establece que “se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por… I. Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito; y IV “Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres”.

La Secretaría Técnica señala que debe realizarse una audiencia para que Cañamo manifieste lo que a su derecho convenga, solicitando a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, su opinión sobre si la publicación ha transgredido el marco normativo aplicable.

El tema ha tenido tal trascendencia que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un punto de acuerdo, en el que se afirma que el “procedimiento iniciado por la Secretaría de Gobernación tiene un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.

Asimismo en los medios se ha criticado el dictamen especialmente porque en el mismo se hace referencia a que la revista podría considerarse contraria a la “moral pública”, “la educación”, o las “buenas costumbres”.

Tal vez las críticas tienen su origen a que el reglamento data de 1981, aunque su origen se remonta al año 1951 y a un contexto social distinto.

En el entonces  el "Reglamento de los artículos 4o. y 6o. Fracción VII de la Ley Orgánica de la Educación Pública, sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo tocante a la cultura y a la educación", los artículos citados establecían como de interés público la educación, y se establecía como facultad y deber en materia educativa del Estado, entre otras, el “promover, en general, cuento sea necesario para el desarrollo y progreso de la cultura y de la educación en el país”. Además, México había ratificado la Convención para Reprimir la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscena de la ONU, misma que aun esta vigente.

Así, el Reglamento se creó para combatir este tipo de publicaciones y que no llegaran a los educandos. El Reglamento reconocía los derechos a la libre manifestación de las ideas y a la información, destacaba que uno de los límites era “que siempre y cuando no atacaran a la moral”, y el propio texto establece que el Reglamento “determina lo que es inmoral y contrario a la educación y a la cultura”.

En los considerandos del Reglamento vigente se afirma que se conserva la misión del antiguo Reglamento,  de “pugnar por mantener a las publicaciones todas como vehículos que defiendan de modo positivo la cultura y la educación en beneficio de la sociedad en general, evitando las publicaciones que socaven o destruyan la base moral de la familia; y vigilar que las publicaciones se mantengan dentro de los márgenes de respeto a la vida privada, a la moral y a la educación”.

Han pasado ya seis décadas desde que se emitió el primer reglamento, y tres desde que se publicó el segundo reglamento. Desde entonces la ley en materia de educación ha sido abrogada dos veces y la responsabilidad de revisar las publicaciones pasó de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Gobernación.

Inclusive al primer párrafo del artículo 6 de la Constitución se adicionó como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información los ataques a la vida privada, siendo los límites vigentes el “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

Tal vez aquellos que apoyan a la revista Cañamo tengan razón, pero también es una realidad que conforme a las disposiciones vigentes su contenido puede ser ilegal, aunque con base en una visión sobre lo “contrario a la moral pública y a la educación” de hace 60 años.

En la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, “se privilegie el respeto a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión, conforme a la normatividad vigente”, pero nadie ha propuesto como debe ejercer dicha Secretaría la atribución que tienen de “vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público”.

Nadie se ha atrevido a definir qué debemos entender en esta época por “obsceno”, “inmoral” o "contrario a la educación".

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