Ejidos del Valle de Mexicali presentaran una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua contra la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), al considerar que el gobierno de Estados Unidos “se ha apropiado del contenido del Río Colorado” con el aval de las autoridades mexicanas.
Todo empezó en 2010 cuando el Valle de Mexicali sufrió un temblor de 7.2 grados en la escala de Richter, que dañó la infraestructura del distrito de riego de esa zona, incluyendo las instalaciones del canal Nuevo Delta, teniendo que construirse un nuevo canal.
Esto dificultaba que México recibiera el volumen de agua que le correspondía conforme al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América” del 3 de febrero de 1944.
En este contexto y en el marco del Tratado, la CILA formalizó en diciembre de 2010 el Acta 318 en la que se establece que México podrá almacenar en la infraestructura de Estados Unidos, específicamente el Lago Meade en Arizona, hasta 320 millones metros cúbicos que correspondían por las asignaciones del periodo 2010-2013.
En noviembre de 2012 la CILA celebró una nueva Acta 319, en la que se extendió la posibilidad de que México almacenara agua hasta el 2017, estableciéndose que parte de estos recursos hídricos podrían ser utilizados para recuperar el medioambiente del Delta del Río Colorado.
Sin embargo el Acta 319 también incluye un mecanismo experimental de reducción de las asignaciones de agua en caso de sequía o disminución del flujo del río Colorado.
El Lago Meade, cerca de la ciudad de Las Vegas, que alimenta el Río Colorado ha visto disminuidos sus niveles, por lo que se anunció que se aplicaría el mecanismo para disminuir las asignaciones de agua, generando protestas en el Valle de Mexicali.
Las organizaciones sociales y campesinas del Valle de Mexicali consideran que el Acta 319 afecta sus intereses y que los acuerdos que esta contiene deben se revocados ya que ellos no fueron escuchados para decidir la disminución de las asignaciones de agua, y que afectaría hasta 60,000 hectáreas de riego.
La CILA reconsideró su anuncio y determinó que no habría disminución de las asignaciones en el año 2016, al menos las posibilidades se redujeron a un 20%, aunque para 2017 son del 50%.
Los habitantes del Valle de Mexicali no han quedado satisfechos y presentarán una queja ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, “una alternativa para la búsqueda de una opción para el análisis y búsqueda de soluciones efectivas a los conflictos relacionados con la sustentabilidad hídrica y el acceso al agua”. Asimismo pretenden que el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, administradora del Tratado, revisen y revoquen este acuerdo.
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