La Comisión de Justicia del Congreso de San Luis Potosí aprobó el dictamen por el que se reforman los artículos 15, 105 y 133 del Código Familiar del Estado, que modifica la definición de matrimonio para considerarlo como una unión legal entre personas, eliminando la referencia de que debe tratarse de una unión entre hombre y mujer.

Esta iniciativa también deberá ser revisada por las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Equidad y Género y Puntos Constitucionales para finalmente ser presentada ante el pleno en una Sesión Extraordinaria a realizarse en el mes de agosto.

Esta y otras iniciativas que se han presentado en distintas entidades de la República obedece a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Asimismo, existe otro criterio jurisprudencial que establece que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Inclusive la SCJN ha señalado que la protección constitucional de la familia comprende a la formada por parejas del mismo sexo. Dice el máximo tribunal que la familia, debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, independientemente del tipo de familia de que se trate.

Si bien estas jurisprudencias no son obligatorias para las legislaturas de los estados, en tanto no se trate de la inconstitucionalidad de una legislación local, el Senado de la República ha venido exhortando a los 27 estados que aun no legislan sobre el tema lo hagan a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, informando oportunamente. El último exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente el pasado 22 de julio.

A pesar de la controversia que ha generado este tema en San Luis Potosí y en otras entidades de la República, tarde o temprano se verán obligados a ajustar su legislación en la medida en que la Suprema Corte vaya estableciendo la inconstitucionalidad de sus disposiciones locales.

Por ejemplo, en el propio San Luis Potosí esta a punto de celebrarse el primer matrimonio de personas del mismo sexo, entre dos mujeres, al haber obtenido un amparo, que de no se recurrido por las autoridades, quedará firme y obligará al Registro Civil de la entidad a casarlas.

Pueden existir muchas opiniones en contra de que se realicen estas reformas, pero la realidad legal es que las legislaturas locales se verán obligadas a hacerlas, lo único que les queda es definir si es tarde o temprano.


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