En sus últimas sesiones, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó la revisión de 26 amparos en revisión relacionados con la reforma educativa aprobada en 2013, concluyendo que el sistema de evaluación para los maestros, el cual es obligatorio para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes, es constitucional.

En general,  estos amparos  impugnaron los artículosson 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales regulan lo relativo a la permanencia en el servicio.

Aunque todos los ministros coincidieron con la constitucionalidad de estas disposiciones, la mayoría de los ministros coincidieron que las disposiciones sobre la permanencia de los maestros en el servicio sujeta a una evaluación, lo que hace es establecer las causas justificadas para el cese o suspensión de los trabajadores de la educación como garantía establecida en el artículo 123, apartado B, fracción IX de la Constitución y que estos supuestos no necesariamente deben estar contenidos en una legislación laboral. Además de que son coincidentes con los tratados internacionales de los que México es parte.

La minoría, por su parte, consideró que estas disposiciones son una restricción al derecho a la estabilidad en el empleo, privilegiando el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad por encima del derecho laboral de los profesores.

También los ministros consideran que estas disposiciones no son retroactivas ya que no hay una afectación a los docentes que tienen un nombramiento definitivo que les cause un perjuicio, dado que estar frente a los alumnos depende de que demuestren plenamente que tienen la capacidad para realizar la función docente; y los otros consideran que no tenían un derecho adquirido puesto que no tenían un nombramiento definitivo.

Asimismo la Suprema Corte concluyó que no se viola el derecho a la dignidad humana, al nivel de vida adecuado, ni al principio de progresividad.

Esto ya que la separación de algún docente de su empleo se da solamente cuando no acredite las evaluaciones respectivas, los que se encuentra plenamente justificado, en tanto que se busca a la vez garantizar el derecho de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por docentes calificados.

Igualmente se destacó que los tratados internacionales no reconocen un derecho absoluto a la estabilidad, sino que expresamente prevén la posibilidad del cese en casos justificados.

Los ministros tampoco consideraron que exista una violación a los derechos de audiencia en estas disposiciones dado que existe un procedimiento expreso para defenderse y ofrecer pruebas en caso de que la evaluación no favorezca al docente y que además tienen la oportunidad de interponer juicios administrativos o de amparo.

Respecto a la violación al derecho de libertad de trabajo, el pleno coincidió que las disposiciones impugnadas no establecen un impedimento a los docentes para dedicarse al trabajo que decidan, sino que únicamente se establece como condición de permanencia la obtención de resultados favorables en las evaluaciones.

Los ministros consideraron además como constitucional el que los maestros que se nieguen a someterse al sistema de evaluación deberán ser cesados de manera inmediata.

Asimismo, la Corte declaró constitucional que los docentes al servicio del Estado puedan ser separados del cargo cuando falten tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada.

El asunto aun no termina ya que la Suprema Corte atraerá otros asuntos en los que podrían haber temas que no están todavía analizados.

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