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Mientras que este fin de semana se realizó la primera evaluación del magisterio para promoción con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica, pedagógica en educación básica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezará el día de hoy la discusión sobre la reforma educativa y la evaluación del magisterio prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El proyecto de sentencia de los primeros 26 amparos en revisión en contra de las modificaciones a la Ley General de Educación, al decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y al decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, considera que la evaluación magisterial se encuentra apegada al artículo 3° constitucional y es acorde a tratados internacionales relacionados con la estabilidad en el empleo.

En el documento que será revisado y discutido por los 11 ministros se advierte que la separación de algún docente cuando no acredite las evaluaciones restringiendo el derecho a la estabilidad en el empleo “se encuentra plenamente justificado”, en tanto se busca garantizar otro derecho humano, que es el derecho a una educación de calidad “que deben recibir todos los individuos, en específico los niños".

Se señala también que tampoco existe una violación al derecho de audiencia previa ya que en todos los casos existe un procedimiento en que el afectado es escuchado, quien podrá impugnar ante tribunales.

Se aclara que sólo quedarán definitivamente separados de su puesto quienes fallen tres evaluaciones y no contaban con nombramiento definitivo antes de la publicación de la ley, en septiembre de 2013.

"(Al maestro) se le exigen requisitos para permanecer en sus labores, que resultan razonables a la luz de las funciones que realizan", se menciona en el proyecto.

Esta decisión de la Suprema Corte estaría protegiendo el derecho a la educación de los niños y coincidiría con criterios internacionales que establecen que los derechos laborales no pueden tener igual jerarquía que el derecho a la educación de la niñez, debiendo prevalecer este último.

También esta decisión iría en concordancia con el criterio establecido por la Primera Sala de la SCJN respecto a las evaluaciones de los policías, mismas que fueron consideradas constitucionales al ser “instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público, esto es, son medios y no fines en sí mismos, cuya validez en todo caso está supeditada al respeto de los derechos humanos.

Esta discusión podría establecer una jurisprudencia sobre la reforma educativa, con base en la cual se resolverían otros juicios, concluyendo que la reforma se encuentra apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los trabajadores de la educación.

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