En el Congreso de Nuevo León se propuso una reforma a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León para que servicios como los que proporciona Uber se consideren como parte del servicio estatal del transporte.

En la exposición de motivos se señala que en este esquema de transporte en un vehículo particular, “se presta y formaliza previa solicitud enviada a través de teléfonos móviles, por lo que no está sujeto a concesión, permiso ni licencia especifica”.

Además la iniciativa también considera que este servicio privado no es competencia para los taxis convencionales porque “el servicio de sitio tiene una base, o el de banderazo circula en la vía pública en busca de pasaje, pero el servicio privado es de punto a punto a un destino previamente acordado entre el usuario y el prestador del servicio, y no cuenta con horarios, itinerarios, rutas o tarifas previamente establecidas por terceros ajenos a los contratantes”, así estos vehículos no ocuparían placas especiales.

En el Distrito Federal también existe una iniciativa sobre el tema que obligaría a los operadores de las aplicaciones que ponen en contacto a usuarios y conductores a pagar una cuota de registro por $25,000 más $2,400 anuales por cada unidad que opere en el servicio.

El problema con estas iniciativas es que al menos Uber en lo particular no quiere ser considerada como una empresa de transporte y en todos los foros ha insistido que se trata únicamente de una empresa de tecnologías de la información que ha creado una aplicación para facilitar la transportación de las personas.

En ambos casos se trata de iniciativas que se presentan por legisladores que ya van de salida, ya que estos congreso locales se renovaron en las elecciones del pasado 7 de junio

Este caso seguirá dando de qué hablar.

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