La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos amparos directos en revisión, fijó criterios sobre la facultad del ministerio público para ordenar la detención de una persona en un caso urgente.

Esta facultad se encuentra prevista en el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución que a la letra dice “Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”.

La Primera Sala determinó que la detención por “caso urgente” solamente es válida cuando se cumplan de forma concurrente los requisitos previstos en esta disposición, es decir, se trate de un delito grave así calificado por la ley; exista riesgo fundado de que el inculpado se dé a la fuga y el Ministerio Público no pueda acudir ante el juez a solicitar una orden de aprehensión por razón de la hora, lugar o circunstancias.

Cualquier detención que se realice faltando alguno de estos requisitos constituye una detención inconstitucional y arbitraria, tal es el caso de la detención de una persona bajo el supuesto de caso urgente, pero sin que exista previamente una orden de detención decretada por el Ministerio Público, en la que además deban cumplirse el resto de los requisitos previstos en la Carta Magna.

Así, la figura de “caso urgente” no puede ser utilizada para convalidar una detención, ya que de origen no existieron los requisitos previstos en la Constitución.

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