En estos momentos muchos analistas se cuestionan sobre la guerra que nuestro país ha desatado contra el narco y el replanteamiento de la misma.

Hasta ahora lo que hemos visto es un ataque frontal en el que han muerto miles de mexicanos, criminales o no, y que no ha resultado del todo eficiente porque si se elimina la cabeza de un grupo que se pulveriza, éste se convierte en otros dos, y desaparece uno y lo sustituye otro. Y más aun se han envalentonado manifestando abiertamente su intención de seguir delinquiendo y enfrentarse al Estado.

¿Pero este es el único camino? No, definitivamente no.  Siempre existen distintos caminos para llegar a un mismo destino.

Si estas operaciones las realizan los criminales por que son muy lucrativas, entonces sigamos el dinero. Lo hacen por avaricia, entonces quitémosles el producto de ésta. Si nos referimos a la historia, a Al Capone lo detuvieron por sus nexos con el dinero, por evasión fiscal, no por los demás delitos que cometió.

Aunque el combate al lavado de dinero data de 1986 en Estados Unidos, en México aparece el concepto por primera vez en 1990 en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. En 1996 se incluye en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis.

Esto ha dado origen a diversa normatividad que obliga a las entidades financieras a notificar a las autoridades sobre operaciones sospechosas, a partir de un determinado monto, y están obligados a dar seguimiento a ese tipo de clientes. Inclusive, existen medidas para supervisar las cuentas de funcionarios de alto nivel y de sus familiares, definiéndoles como personas económicamente expuestas. Esto con independencia de las investigaciones que pueda realizar la PGR cuando no se utilice el Sistema Financiero Mexicano.

El problema es que estos mecanismos no han sido utilizados en forma eficiente por nuestro país. Según el FMI en su Reporte de Evaluación Detallada sobre Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, aunque la PGR dice que son 47.

Por otra parte, cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero en aeropuertos del país durante operativos contra el crimen organizado o bien por denuncias anónimas.

Hacienda por su parte reporta que ha presentado 126 denuncias por presunto lavado de dinero. Este es uno de los problemas, ya que es un delito que se persigue por querella o denuncia por parte de las autoridades fiscales.

Todos sabemos que ese dinero está incrustado en nuestra economía y que representa montos exorbitantes. Tal vez por eso, y por el miedo a generar una mayor inestabilidad económica, es que nuestro gobierno no ha hecho uso de todas las armas legales con que cuenta.

www.miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net