Al resolver un juicio de amparo por atracción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios sobre el concepto de bullying, considerando que se trata de un fenómeno social muy diseminado, con presencia relevante en las escuelas de México y que puede afectar gravemente el bienestar de un menor.

En el caso, la madre de un menor demandó a una escuela exigiendo la devolución de las colegiaturas pagadas y los gastos médicos por el daño causado a su hijo por el acoso sistemático que sufrió. El juez de primera instancia resolvió no condenar a los demandados, por lo que la madre promovió un amparo que fue atraído por la Primera Sala.

La Primera Sala determinó que el bullying, además de violar los derechos del niño a la dignidad, integridad y educación, también puede constituir un tipo de discriminación, como sucedió en el presente caso, pues el niño tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los ministros destacaron que si bien este trastorno no se puede definir claramente como una discapacidad, los niños que lo padecen si están en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que requieren medidas de protección reforzadas.

Al analizar la evidencia existente en el caso, la Primera Sala concluyó que había existido acoso escolar por parte de una profesora en contra del menor y que el niño se desarrollaba en un ambiente hostil para él, ya que la escuela no tomó ninguna medida para cumplir con sus deberes de vigilar y proteger a los menores bajo su cuidado y prevenir o combatir el hostigamiento.

Por lo anterior, la Primera Sala decidió conceder el amparo para ordenar a la institución educativa reparar económicamente el daño psicoemocional sufrido por el niño.

Al determinar el monto de la compensación la Primera Sala estableció que debe tenerse en consideración el daño sufrido, así como el grado de responsabilidad y la situación económica de la escuela responsable. Tras dicho análisis, la Primera Sala resolvió condenar a la escuela a pagar $500,000 pesos al menor.

Finalmente, la sentencia enfatiza que es necesario contar con deberes claros y definidos para quienes tienen bajo su cuidado a menores de edad, por lo que establece recomendaciones específicas para el Estado a fin de que sea posible identificar, prevenir y combatir a nivel nacional un fenómeno tan dañino como el bullying .

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