En México se está realizando un proceso de licitación para expedir en el periodo Octubre de 2015- Junio de 2018 casi 8 millones de pasaportes que deben cumplir con la más alta tecnología de identificación personal, pero el proceso ha estado rodeado de controversia.

En el último capítulo de este proceso, la empresa Vangent México, S.A. de C.V., promovió un juicio de amparo en contra de la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Fallo de la licitación para la contratación de emisión de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió el amparo y concedió la suspensión provisional, por lo que no se puede firmar el nuevo contrato hasta en tanto no se  revise la legalidad de la licitación, incluyendo la evaluación de las propuestas y el fallo de adjudicación.

En marzo el proceso inicial fue declarado desierto porque ninguna  de las cinco empresas que participaron cumplieron con los requisitos técnicos establecidos por la SRE.

La dependencia convocó a un nuevo procedimiento de licitación, a plazos recortados, cuyo resultado fue la adjudicación de los servicios al consorcio de empresas Veridos México S.A. de C.V., formado por empresas españolas, mexicanas, alemanas y japonesas.

El nuevo sistema incluye un sofisticado procedimiento de identificación y registro mediante la comprobación de huellas dactilares y de iris.

El consorcio ganador ya ofrece servicios similares de expedición de pasaportes en Alemania, España, Polonia, Portugal, Bélgica, Austria o Bulgaria.

Entre los argumentos de Vangent se encuentra que la propuesta ganadora es 17 por ciento más cara que la suya, sin embargo la ley establece que la licitación la gane aquel cuya oferta sea solvente y, en su caso, la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, que es el supuesto de esta licitación.

En los medios aparecen columnas y a artículos a favor y en contra de una y otra empresa, sin embargo, la última palabra la tiene el poder judicial.

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