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El día de hoy, último día de este periodo de sesiones y de la legislatura, el Senado analizará en el pleno la iniciativa de reformas al sistema de ahorro popular, que incluye en sus artículos transitorios un fondo para indemnizar a los inversionistas de FICREA, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular.

FICREA era una sociedad que prestaba servicios de servicios financieros de ahorro, inversión y crédito y que buscaba convertirse en un banco especializado en Mypimes. Era, además, la segunda SOFIPO más importante.

Según las autoridades el principal socio de FICREA, Rafael Antonio Olvera Amezcua, desvió 2,500 millones de pesos a través de una triangulación con empresas relacionadas, propiedad también de Olvera, llamadas Leadman Trade, Monka Comercial y Baus and Jackman Leasing, todas S.A. de C.V., defraudando a los inversionistas.

Por ley, las inversiones en las SOFIPOS están protegidas en el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, pero sólo cubre hasta una cantidad de veinticinco mil UDIS, equivalentes a más de $130,000.00 pesos mexicanos.

El problema es que un grupo importante de inversionistas tenía en la SOFIPO inversiones muy superiores a esta cantidad, en razón de los atractivos rendimientos que ofrecía. esto inversionistas se organizaron para protestar e inclusive demandar al gobierno federal por la responsabilidad patrimonial del estado por presuntas omisiones en la supervisión de FICREA.

La presión que ejercieron estos inversionistas fue tal que llevó a los legisladores a revisar y proponer modificaciones al marco regulatorio general del sistema de ahorro popular, pero además, a incluir un fondo para resarcir a estos inversionistas.

Así, en relación con la expedición de una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establece en la disposición transitoria X “se ordena la creación de un fondo denominado ‘Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de SOFIPOS’ que tendrá por objeto de cubrir el principal y los accesorios de los ahorros” de las personas físicas depositados en SOFIPOS revocadas, “hasta por un monto de un millón de pesos”.

Para que no quepa duda de que la disposición se refiere a los inversionistas de FICREA, en el párrafo décimo se establece la obligación de esta SOFIPO de entregar “toda la información y documentación necesaria a fin de proceder al pago a los ahorradores”.

Otro grupo de ahorradores que representa el 20% de los ahorradores restantes, que tienen inversiones por más de un millón de pesos, como los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal, tendrán que esperar un segundo fondo monetizado que concentrará otros 1,000 millones de pesos de parte de Nacional Financiera.

Además, la cartera de FICREA incluye 247 personas que tenían más de 5 millones de pesos invertidos en esta SOFIPO, ellos tendrán que esperar a que a través de un juicio mercantil se resuelva su caso, a estos se deberá de sumar el gobierno federal.

Los promotores de esta iniciativa señalan que esto no es un rescate financiero porque los recursos que deberá aportar el gobierno federal, que se calculan en 2,600 millones de pesos, serán recuperados ya que los ahorradores cederán sus derechos de cobro contra FICREA al gobierno federal.

Sin embargo según los expertos, el gobierno sólo recuperara parte de los recursos aportados debido a la depreciación que sufrirá el valor de la cartera y los activos de FICREA.

Además, la propuesta sólo se explica con argumentos tan simples como que la creación del fondo es “fundamental” o que “se fomentará la confianza en el sector de ahorro y crédito popular”.

En realidad ni en la exposición de motivos ni en el dictamen existen razones sólidas que justifiquen de manera  clara por qué se diseñó un fondo para beneficiar exclusivamente a los inversionistas de FICREA, dejando de lado a los inversionistas de otras SOFIPOS, que de encontrarse en la misma situación, sólo recibirán 25,000 UDIS, monto máximo del fondo de protección, que no sufre modificación en la nueva ley.

Los ahorradores de FICREA invirtieron en forma voluntaria en la SOFIPO, algunos tal vez movidos por la ambición, y ahora se pretende que el gobierno federal los indemnice con recursos de los contribuyentes. Este es un rescate que no tiene ninguna justificación.

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