El día de ayer el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó el resultado de los foros organizados por el CIDE y 17 instituciones más, para realizar un diagnóstico sobre la justicia cotidiana en México.

El documento entregado señala que el estado de la justicia cotidiana en México es poco alentador, los procesos son largos, costosos, poco flexibles, no se adaptan a las circunstancias  y la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social.

En el documento se destaca también que existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como el que para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto y, con frecuencia, quienes enfrentan un conflicto no saben a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

La investigación concluye que este tipo de justicia, junto con sus problemas, es responsabilidad principalmente de los estados, y no tanto de la justicia federal “pues así lo establece el diseño constitucional vigente”.

El documento señala que las 217 propuestas que contienen constituyen un programa de acción para elaborar una política pública de acceso a la justicia de corto, mediano y largo plazo, y “es la recomendación más importante del ejercicio”, y su diseño requiere la participación y el esfuerzo del de todo el Estado mexicano, de la academia y a la sociedad civil.

El CIDE presenta 20 propuestas que implementadas permitirán mejorar en el corto y mediano plazo el acceso a la justicia en el país y comenzar a ofrecer una justicia cotidiana efectiva.

Así se propone, por ejemplo, que el Ejecutivo Federal establezca una estrategia de comunicación para crear una cultura de derechos, ya que “la población, en su gran mayoría, tiene poco o nulo conocimiento de sus derechos y obligaciones, y no existe una estrategia nacional para mejorarlo”.

También en cuanto al grupo vulnerable que representan las trabajadoras domésticas se propone “garantizar sus derechos sociales; el diseño de contratos tipo para regular su situación laboral y dar certeza a las partes así como el diseño de recursos y mecanismos ágiles y sencillos para la resolución de los conflictos que surjan entre ellas y sus empleadores”.

También se propone la creación de centros de asistencia jurídica temprana para una defensoría pública vigorosa, regular el ejercicio de los abogados y revisar el funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Además se propone crear un mecanismo de coordinación nacional para impartidotes de justicia y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de justicia federal y estatales, reducir la marginación jurídica, es decir cuando la persona no cuenta con documentos oficiales, como acta de estado civil, títulos de propiedad o testamento, entre otros temas.

La síntesis del informe puede ser consultada aquí.

Ahora solo falta que del diagnóstico se pase a la acción.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción total o parcial con crédito a miabogadoenlinea.net