En los medios impresos se ha divulgado las diversas quejas que existen en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los Derechos Humanos en el combate al narcotráfico y delincuencia. En las distintas instancias tanto civiles como públicas, existen más de 700 quejas por allanamiento, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes. El perfil de todas las víctimas, dice Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados del Estado de Chihuahua, es el mismo: “personas de bajo nivel económico y con algún antecedente penal”.

 

Asimismo la organización Human Rights Watch envió una carta a Hillary Clinton para expresar su preocupación por los abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, por lo que sugirió al gobierno estadounidense que retenga parte de los fondos del Plan Mérida hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por militares “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.

 

Todo esto ha llevado a cuestionar el papel del Ejército en el combate al narcotráfico y la delincuencia y el “fuero militar o de guerra” que impide que los elementos castrenses sean juzgados por la justicia civil.

 

Las actividades del Ejército en esta materia se dan desde hace más de quince años, con  fundamento en el artículo 89 fracción VI de la Constitución que señala como una facultad del Presidente de la República el “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la Ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sus actividades se incrementaron a partir de la administración del Presidente Felipe Calderón.

 

El papel del Ejército en materia de seguridad ya fue analizado por la Suprema Corte de la Nación la cual emitió cuatro tesis jurisprudenciales en las que establece que las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones.

 

Por otra parte, la Corte señala que el apoyo que otorgue el Ejercito a las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, es imprescindible que lo realice a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma.

 

Además, considera que en este supuesto, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.

 

Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución señala que “…subsiste el fuero de guerra, (conocido también como fuero militar), para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” Es de destacarse que este artículo nunca ha sido reformado.

 

El constituyente de 1917 decidió preservar el "fuero de guerra", para que los militares fueran juzgados por militares conforme a sus propias leyes y así conservar la disciplina militar, que es la fuerza del Ejército y "requisito indispensable para la vida de esta institución", lo que necesariamente impone "la necesidad de castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva, …cuestión tal que no se logra a través de los tribunales ordinarios, debido a la variedad de negocios de los que deben conocer.”

 

El artículo 57 del Código de Justicia Militar establece que son delitos contra la disciplina militar, entre otros, aquellos del orden común o federal, cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Este código establece que cuando en estos casos, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar. Estas disposiciones no han sido modificadas desde 1933.

Actualmente el fuero militar está siendo analizado en el seno de la Suprema Corte, pero su criterio no se definirá en el corto plazo.

 

Este es el “marco legal”  bajo el cual el Ejército ha venido actuando en el combate a la delincuencia, que no ha sido modificado o actualizado en más de setenta años, y hasta el momento no existen las disposiciones que regulen lo establecido por la Corte, por lo que el Código de Justicia Militar y demás disposiciones militares no hacen ninguna referencia a la actuación del Ejército en tiempos de paz, como coadyuvantes en la seguridad pública o sobre las sanciones en caso de violar los derechos humanos de los civiles. Sin duda las circunstancias actuales nos obligan a revisar su marco de actuación.

Y este es un llamado que las propias autoridades castrenses han hecho al poder ejecutivo y legislativo, ya que el militar se enseña sólo a obedecer al superior y a realizar las actividades necesarias para cumplir con su misión u objetivo, y corresponde a la autoridad civil definir como se debe dar esta actuación.

 

Esas disposiciones deberán mantener la disciplina militar imponiendo, como decía el Constituyente de 1917, "…castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva…” contra aquellos militares que abusen de la autoridad que les ha sido otorgada.

 

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