Después de batallar durante cinco años, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a una madre para que el caso de su hija, presunta víctima de feminicidio, sea reabierto y vuelva investigarse por parte de las autoridades del Estado de México.

En su sentencia, la Sala destacó la obligación que tienen los órganos investigadores, de investigar, sin discriminación, toda muerte violenta de una mujer, para determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte, poder confirmar o descartar el motivo de la misma y, en su caso, poder definir en la investigación si se trató o no de un feminicidio.

En este sentido las autoridades deben explorar todas las líneas de investigación posibles para poder determinar cuál es la verdad histórica de lo sucedido.

La Primera Sala estableció que en los casos de muertes violentas de mujeres se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima vivía en un ambiente de violencia.

Asimismo, la Sala determinó que “se deben investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer”.

Los ministros destacaron que en el caso en concreto ninguno de estos estándares se respetó, sino que, por el contrario, “en la investigación existieron irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, las cuales han impedido que se conozca la verdad de los hechos”.

La Primera Sala otorgó el amparo a la madre que ha venido peregrinando durante cinco años para que el ministerio público complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial; para que lleve a cabo todas las diligencias necesarias para investigar el caso con perspectiva de género y para que remueva todos los obstáculos de la anterior averiguación previa.

Asimismo, la Sala determinó que se investiguen las irregularidades en la investigación del caso y se sancione a los responsables.

En el caso, el 28 de junio de 2010, el esposo de la víctima se presentó ante el Ministerio Público en Chimalhuacán, Estado de México, a denunciar el aparente “suicidio” de su esposa. Sin embargo la madre de la mujer denunció ante la autoridad ministerial antecedentes que la llevaron a sospechar que su hija había sido asesinada por su esposo pues durante su vida marital había sufrido de violencia física, sexual y psicológica.

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